El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó este domingo una fuerte crítica contra organizaciones no gubernamentales, periodistas y activistas que han cuestionado las detenciones realizadas bajo el Régimen de Excepción implementado en su país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que diversos grupos financiados por Open Society Foundations han sostenido que un informe reciente de expertos en derechos humanos no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde el inicio de esta medida extraordinaria.

Bukele afirmó que, según el contenido del documento, si se considera que el 100 % de las detenciones realizadas son arbitrarias, el Estado estaría obligado automáticamente a liberar a todos los detenidos bajo esa figura jurídica.

El jefe de Estado argumentó que ninguna persona que se identifique como defensora de los derechos humanos podría justificar la permanencia en prisión de alguien cuya detención haya sido catalogada como arbitraria, señalando que esa calificación implica, por definición, la liberación inmediata.

Asimismo, sostuvo que el informe también señala que las detenciones se han realizado sin las garantías mínimas y sin el debido proceso, lo que —según su interpretación— reforzaría la exigencia de liberar a los detenidos.

El mandatario también cuestionó otro de los planteamientos contenidos en el documento, que advierte que encarcelar a una persona únicamente por su pertenencia a una pandilla y no por delitos comprobados constituiría una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con Bukele, el informe además exige al Estado salvadoreño poner fin al Régimen de Excepción, derogar la legislación penal y procesal relacionada con esta política de seguridad y retirar a la Fuerza Armada de las labores de seguridad pública.

Finalmente, el presidente salvadoreño afirmó que estas posturas evidencian, a su juicio, los objetivos de ciertas organizaciones internacionales, a las que acusó de buscar generar caos en los países de la región al cuestionar las medidas implementadas contra las estructuras criminales.