El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) encendió las alertas ante la forma en que se desarrolla el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, al considerar que, sin una revisión integral de las actas, no existe certeza jurídica ni un cierre legítimo del proceso electoral en Honduras.
La preocupación, según el organismo, se agrava por el estrecho margen entre las principales candidaturas y por el elevado número de actas con inconsistencias, irregularidades que han sido señaladas incluso por los propios partidos políticos que compiten en el proceso.
CESPAD atribuye el origen de esta situación a decisiones adoptadas durante la etapa de transmisión de resultados preliminares, entre ellas la eliminación de mecanismos de validación del sistema TREP y el incumplimiento del acuerdo del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordenaba la verificación visual del 100 % de las actas publicadas.
Para el centro de estudios, la ausencia de estos controles trasladó al escrutinio especial una incertidumbre que pudo evitarse, erosionando la confianza ciudadana y contribuyendo a un clima de tensión y conflictividad social que, advierte, no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia.
En ese contexto, CESPAD condenó de forma enérgica toda manifestación de violencia ocurrida en las instalaciones del CNE, incluyendo la ejercida contra manifestantes, y exigió garantías inmediatas para la protección del personal, del material electoral y de los espacios destinados al escrutinio especial.
El organismo recordó además que la revisión, recuento y verificación de actas no dependen de decisiones políticas discrecionales, sino que constituyen un mandato expreso de la Ley Electoral, la cual faculta al CNE a realizar revisiones y recuentos especiales, de oficio o a petición de parte, cuando existan inconsistencias objetivas.
De acuerdo con las solicitudes presentadas por los partidos políticos, de un total de 19,167 actas presidenciales, al menos 17,036 presentan algún tipo de irregularidad, ya sea vinculada al sistema biométrico, a la falta de firmas, inconsistencias aritméticas o incluso actas no recibidas, un volumen que CESPAD considera imposible de calificar como marginal.
Pese a ello, el CNE decidió iniciar el escrutinio especial de oficio únicamente con 1,081 actas, sin detallar públicamente los criterios técnicos y jurídicos utilizados para esa selección, ni autorizar la revisión integral solicitada por los partidos, situación que se agrava —según CESPAD— por denuncias de entregas tardías o irregulares de credenciales a los representantes partidarios.