El Congreso de Costa Rica enfrenta una jornada decisiva: este martes se someterá a votación la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirar el fuero constitucional al presidente Rodrigo Chaves. La medida busca que el mandatario responda por denuncias de intromisión en asuntos políticos.

El TSE ha acumulado al menos 15 denuncias contra Chaves por presunta beligerancia política, figura que prohíbe a los altos funcionarios participar en campañas electorales o influir en ellas. Según el organismo, el presidente habría intervenido en actos oficiales con mensajes dirigidos a partidos y líderes opositores.

De prosperar la solicitud, Chaves quedaría expuesto a sanciones que podrían incluir la suspensión para ejercer cargos públicos e incluso la destitución de la presidencia. La votación marcará un precedente en la historia democrática del país.

Costa Rica mantiene una normativa estricta que impide la reelección consecutiva y limita la participación de funcionarios en actividades partidarias. El caso de Chaves ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión presidencial frente a la neutralidad institucional.

Diversos legisladores han señalado que la decisión pondrá a prueba la solidez democrática de Costa Rica. Para algunos sectores, la intervención del mandatario representa un riesgo para la confianza ciudadana en los procesos electorales.

El TSE advirtió que la falta de neutralidad del Ejecutivo podría socavar la credibilidad de las elecciones previstas para febrero de 2026. La institución insiste en que la ley debe aplicarse sin excepciones, incluso al presidente.

Defensores de Chaves argumentan que las denuncias responden a interpretaciones políticas y que el mandatario ha ejercido su derecho a opinar sobre temas nacionales. Sin embargo, la legislación costarricense es clara en prohibir cualquier influencia directa en campañas.