La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó este 23 de septiembre de 2025 un requerimiento fiscal contra una amplia red de funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a un caso de corrupción en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, que habría generado un perjuicio superior a los 45.5 millones de lempiras entre julio de 2023 y abril de 2024.

Las investigaciones apuntan a que los acusados planificaron la adjudicación de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., bajo la fachada de proyectos de mejoramiento vial. Dichos contratos, en su mayoría fraccionados de forma irregular para evadir los procesos de licitación, fueron autorizados sin las garantías mínimas ni informes de ejecución de obras, lo que facilitó la malversación de fondos municipales.

Entre los señalados figuran el empresario Luis Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD; además de Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde municipal, y Josué David Fajardo Hernández, tío de este último. La Fiscalía también incluyó en la acusación a varios representantes de empresas que actuaron como “relleno” para simular competencia en los procesos, así como a ex y actuales funcionarios de la Gerencia de Infraestructura, Tesorería, Finanzas y Proyectos de la alcaldía sampedrana.

El Ministerio Público imputa delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. Según el expediente, las reuniones entre empleados municipales y empresarios definieron de antemano la entrega de los contratos, que posteriormente se tradujeron en pagos sin verificación de avances ni de obras concluidas. Incluso se determinó que varios de los proyectos nunca se ejecutaron, como la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de tramos carreteros en la zona de El Merendón.

La ruta del dinero también quedó expuesta: una vez recibidos los fondos de la alcaldía, la representante de HERCOD los transfirió a cuentas controladas junto a su esposo, desde donde se realizaron movimientos superiores a 5.9 millones de lempiras destinados a Josué David Fajardo Hernández. Este, a través de terceros, entregaba el efectivo a su sobrino Steve Fajardo, con el propósito de ocultar el origen ilícito del dinero. Para la Fiscalía, estas maniobras constituyen claros indicios de un esquema de lavado de activos que refuerza la gravedad del caso.