San Pedro Sula, Cortés — Una cadena de resoluciones judiciales, condenas y nuevas acusaciones marcó este miércoles el pulso de la lucha contra el crimen organizado en la zona norte, luego de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) informara una serie de avances contundentes en procesos ligados a extorsión, secuestro, narcotráfico y porte ilegal de armas.
La FESCCO detalló que, bajo la vía de estricta conformidad, Kelvin Oquelí Córdova Díaz aceptó cargos y fue sentenciado a 10 años de prisión, además de una multa de 10 mil lempiras, por su participación en el cobro del llamado “impuesto de guerra” que afecta a pequeños comercios y al transporte.
En paralelo, fiscales solicitaron una pena de 15 años de reclusión y una multa superior a los 445 mil lempiras contra Enyl Noel Guzmán Valladares y Héctor Javier Pineda Perdomo, ambos señalados también por extorsión. El Ministerio Público destacó que el daño económico y psicológico causado por estas redes ha forzado a decenas de negocios a cerrar o reducir operaciones.
En otro frente, un tribunal declaró culpable a Maynor Agustín Santiago Villeda por extorsión, porte ilegal de municiones de uso prohibido y asociación para delinquir. La audiencia para individualizar su pena fue fijada para el 7 de enero de 2026, lo que permitirá definir el tiempo que deberá permanecer en prisión.
Además, quedó bajo prisión preventiva Kevin Fernando Hernández Flores, acusado de extorsión, mientras que Aldo Julián Escalante, Cristian Geovany Antúnez y Gabriel Antonio Jiménez deberán enfrentar cargos por tráfico de droga agravado, porte ilegal de armas permitidas y prohibidas, y asociación para delinquir, delitos vinculados directamente al financiamiento de estructuras criminales.
La Fiscalía informó también que varios expedientes avanzan hacia juicio. Uno de ellos es el de José Antonio Martínez Fuentes, acusado por tráfico de droga y posesión de armas de fuego de uso permitido y prohibido. Igual destino tendrá la causa contra Denis Samuel Portillo, señalado de secuestro agravado, uno de los delitos que más alto impacto tiene en la seguridad ciudadana.
En audiencia de proposición de pruebas fueron admitidas las evidencias contra Jhony Adonay Rivera, imputado por extorsión, permitiendo que su caso avance a la siguiente etapa procesal.
La FESCCO presentó además requerimientos fiscales contra Eduvin Vicente Flores, Cristian Edgardo Fernández Herrera y Maviwon Mauricio Ramírez Madrid, por delitos que incluyen porte ilegal de armas, tráfico ilícito de droga agravado y asociación para delinquir. También se formalizó acusación por extorsión contra Kevin Fernando Hernández Flores.
Finalmente, se dictó detención judicial contra Jelstings Jame Romero Greenwood, por secuestro agravado; y contra Oscar Alexander Merlo Río, por extorsión y porte ilegal de arma permitida. En otro caso, Josué Alberto Maldonado Molina enfrentará proceso por tenencia ilegal de municiones de uso prohibido, tras resolverse auto de formal procesamiento.
Las autoridades destacaron que estos avances forman parte de una estrategia sostenida que busca desarticular las estructuras que sostienen las economías criminales, especialmente aquellas que atentan contra comerciantes, transportistas y comunidades enteras en el Valle de Sula.
