Las protestas de las enfermeras auxiliares suman ya cuatro días consecutivos frente a Casa Presidencial y en varios puntos del país, en rechazo a la gestión de la ministra de Salud, Carla Paredes. El gremio exige su renuncia inmediata y el cumplimiento de acuerdos laborales que, según afirman, fueron firmados con anterioridad pero siguen sin aplicarse. La prolongación del conflicto ha evidenciado el deterioro estructural del sistema sanitario, donde las pugnas entre las autoridades y el personal médico se han convertido en una constante, dejando a los pacientes como los principales perjudicados.
Durante las manifestaciones, las auxiliares denunciaron haber sido víctimas de amenazas, actos de intimidación y hasta agresiones físicas por parte de la Policía Nacional. Aseguran que sus reclamos se centran en demandas legítimas como el pago por turnicidad, incrementos salariales y la aplicación de beneficios conocidos como “sonajes”, compromisos que —según sostienen— están consignados en actas oficiales pero han quedado en letra muerta.
La reacción del Gobierno no ha suavizado las tensiones. La ministra Carla Paredes, en declaraciones a medios nacionales, defendió que el Estado ha cumplido con todas las obligaciones de ley, incluyendo bonos y vacaciones, y acusó a las auxiliares de incumplir con sus funciones. La funcionaria calificó de infundadas las exigencias del gremio y fue enfática al afirmar: “no les debemos nada”, una respuesta que ha generado aún más indignación entre las manifestantes.
Por su parte, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) refutó las declaraciones de Paredes, acusándola de manipular la información sobre sus condiciones laborales. El presidente del gremio, Josué Orellana, aseguró que existen al menos 13 puntos pendientes de resolver, incluyendo pagos retroactivos en zonas como Gracias a Dios e Islas de la Bahía, ajustes salariales y salarios atrasados. Las protestas no muestran señales de ceder, y el diálogo entre las partes parece cada vez más lejano.