Una resolución contundente se emitió este viernes en los tribunales del norte del país, luego de que la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) obtuviera la detención judicial contra cuatro agentes policiales señalados de cometer delitos de extrema gravedad en perjuicio de una joven retenida en Santa Rita, Yoro.

Los imputados fueron identificados como Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura. De acuerdo con lo dispuesto por el juez, los cuatro deberán permanecer recluidos en una instalación policial mientras continúan las investigaciones. La audiencia inicial fue programada para el lunes 8 de diciembre.

El caso tomó fuerza tras las diligencias desarrolladas por la ATIC, que revelaron que los hechos se registraron a finales de octubre, cuando tres de los agentes detuvieron a la víctima bajo un trato degradante, para luego trasladarla hacia la estación policial de El Progreso, adonde habría ocurrido el delito.

Testimonios y evidencias recabadas por la unidad especializada detallan que, una vez dentro de la celda, la joven continuó siendo objeto de maltratos por parte de las oficiales que participaban en el traslado, agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

En la madrugada, según la investigación, el agente Zelaya Ortiz ingresó a la celda y, tras decirle “así te quería ver flaca”, se acercó a la víctima y procedió a abusar sexualmente de ella, pese a que la joven intentó evitarlo. El ataque se vio interrumpido únicamente por la llegada de una patrulla, momento en que el sospechoso abandonó la escena.

Instantes después, siempre según la declaración de la víctima, la agente García Hernández llegó hasta la celda, aseguró la puerta con candado y le advirtió que “aquí no ha pasado nada”, antes de retirarse del lugar.

La Fiscalía cataloga este caso como uno de los episodios más graves de abuso de poder y violencia sexual dentro del sistema policial, donde se presume la participación directa y el encubrimiento entre agentes.

El Ministerio Público reafirmó que continuará trabajando para garantizar justicia para la víctima y asegurar que los hechos no queden impunes, recordando que la investigación se mantiene abierta y podría generar nuevas líneas de responsabilidad.