El escenario judicial volvió a colocarse en el foco público este viernes luego de que el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolviera modificar las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández Flores, hermano del exmandatario Juan Orlando Hernández. La decisión marca un nuevo capítulo en una de las causas más sensibles vinculadas a figuras del entorno del expresidente.

Hernández Flores, quien recientemente fue mencionado como el último indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, enfrenta un proceso penal por los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos, acusaciones que lo han mantenido en seguimiento judicial desde hace varios meses.

La resolución emitida por el juez establece una serie de medidas sustitutivas que sustituyen la detención previa. Entre ellas, la prohibición de salir del país, obligación de presentarse a firmar periódicamente ante la Secretaría del Juzgado y una estricta orden de mantenerse alejado de las instalaciones de la cooperativa Comixmul, entidad clave dentro de la investigación.

Además, el juez fijó una fianza económica de 20 millones de lempiras, suma que deberá garantizarse para ejecutar el cambio de medidas. Esta cifra, una de las más elevadas aplicadas en procesos recientes, se interpreta como un mecanismo para asegurar la comparecencia del acusado y el avance del proceso judicial.

Fuentes cercanas al caso explicaron que la resolución se fundamenta en la naturaleza de los delitos imputados y en la necesidad de mantener control jurisdiccional mientras se revisan las pruebas financieras y contables relacionadas con la causa.

La defensa de Hernández Flores calificó la decisión como un “paso positivo” que permitirá al acusado enfrentar el proceso “en condiciones más humanas”, mientras que sectores críticos señalaron que el cambio de medidas podría interpretarse como un beneficio excesivo para figuras con alto perfil político.

Por su parte, analistas legales consultados recordaron que los delitos imputados continúan vigentes y que la modificación de medidas no implica absolución ni reducción de responsabilidad, sino un ajuste procesal sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas.

El caso continúa generando atención debido tanto al vínculo familiar con el expresidente Hernández como al impacto del indulto otorgado por Donald Trump, un elemento que ha añadido un componente internacional a un proceso ya de por sí complejo dentro del sistema judicial hondureño.