Tegucigalpa, 3 de agosto de 2025 — En una polémica declaración que ha generado amplia indignación, Miguel Briceño, actual comisionado presidencial para asuntos políticos, propuso públicamente la cancelación de la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), en un claro intento de intimidación contra las instituciones religiosas que han cuestionado al gobierno de turno.
La controversia se originó luego de que el pastor Gerardo Irías, presidente de la CEH, hiciera comentarios críticos sobre la situación política del país desde una óptica pastoral, expresando que "Libre se convirtió en un mal necesario que tenía que llegar al poder para sacar a un presidente (Juan Orlando Hernández), pero hoy tenemos el riesgo más grande. No hay cosa más triste que darle poder a un pobre."
En reacción, Briceño publicó en sus redes sociales: “¿Ahora entienden? Aquí está la verdad, el presidente de la Confraternidad Evangélica ataca a Libre. Hoy más que nunca iremos los colectivos a la caminata política. Exigimos respeto, suspensión de la personería jurídica a la CEH y de la iglesia que él pastorea. Es un mercenario de la fe.”
Además de pedir la cancelación legal de la Confraternidad, Briceño amenazó con infiltrar con colectivos afines al partido Libre la “Caminata por la Paz”, una actividad nacional convocada por las iglesias cristianas para el próximo 16 de agosto, lo que ha sido interpretado como un intento de sabotaje y provocación a la libertad religiosa.
Las palabras del funcionario han sido calificadas por líderes eclesiásticos como una señal alarmante de intolerancia y persecución religiosa, con paralelismos claros al régimen de Nicaragua, donde el gobierno ha reprimido y encarcelado a religiosos por disentir de la línea oficial.
Tras la publicación de Briceño, otros funcionarios públicos se sumaron al ataque contra el pastor Irías en redes sociales, desatando una campaña de desprestigio contra una de las principales instituciones cristianas del país.
Organizaciones de derechos humanos y sectores ciudadanos han comenzado a pronunciarse en defensa de la libertad de culto y expresión, derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Honduras. La presión crece para que la Presidencia se pronuncie oficialmente y se deslinde de la retórica confrontativa de su comisionado político.
