TEGUCIGALPA, HONDURAS | 29 DE JULIO DE 2025 — La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Juzgado de Letras con Competencia en Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, ordenó este lunes la incautación de bienes del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y figura central en el golpe de Estado de 2009.
La orden judicial incluye la incautación de 15 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Olancho, registrados a nombre del general en condición de retiro como comerciante individual. También fueron aseguradas siete cuentas bancarias activas, un vehículo marca Ford y una sociedad mercantil vinculada al militar.
La medida fue confirmada por el titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, quien detalló que la acción será ejecutada en conjunto con el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Los bienes serán administrados por el Estado mientras se resuelve si se procederá con una privación definitiva de dominio o su eventual devolución.
Romeo Vásquez Velásquez es prófugo de la justicia hondureña desde hace varios años. El Ministerio Público lo acusa por su rol en la represión militar del 5 de julio de 2009, donde manifestantes que exigían el retorno del entonces presidente Manuel Zelaya fueron agredidos con violencia. Entre las víctimas figura Isi Obed Murillo, considerado el primer mártir de la Resistencia Nacional, asesinado por órdenes de mando militar que se atribuyen a Vásquez.
Además de enfrentar cargos por homicidio y lesiones graves, Vásquez ha sido señalado por organismos de derechos humanos como uno de los responsables de desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales ocurridas en el contexto del golpe de Estado. Aunque él alega ser víctima de persecución política, Interpol lo mantiene en su lista de los más buscados y ofrece recompensa monetaria por información que conduzca a su captura.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han reiterado que los crímenes cometidos durante y después del golpe de Estado de 2009 constituyen delitos de lesa humanidad, por lo que no prescriben y continúan bajo vigilancia internacional.
