Tegucigalpa, 28 de julio de 2025 — El Ministerio Público ha abierto una investigación de oficio contra el ministro de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo, por presuntas irregularidades en la adquisición de 496 computadoras portátiles, una compra que habría costado al Estado más de 12.5 millones de lempiras y que, según denuncias, podría implicar un caso de sobrevaloración y favoritismo.

La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción tomó la decisión esta semana, según confirmó Yuri Mora, vocero del ente fiscal. “Justamente esta semana, se abrió de oficio una investigación en torno a ese tema”, declaró Mora a Radio Cadena Voces.

El caso gira en torno a la licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025, adjudicada a la empresa Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), una firma dedicada al rubro de la construcción y sin trayectoria comprobada en el suministro de tecnología. La compañía resultó ganadora pese a que su propuesta fue la segunda más cara, superando en más de seis millones de lempiras a la oferta más baja.

Según un informe de la Secretaría de Transparencia, las laptops fueron adquiridas a un precio unitario de 25,200 lempiras, cuando el promedio del mercado y las otras ofertas eran significativamente menores. La compra se realizó pese a que Dicomarca no presentó la mejor propuesta técnica ni económica, lo que ha generado cuestionamientos por una posible adjudicación arbitraria.

La investigación fiscal aún se encuentra en la etapa inicial y, aunque no se han solicitado documentos oficiales al ministerio que dirige Castillo, ya se están ejecutando diligencias administrativas para esclarecer lo ocurrido.

Frente a las preguntas de la prensa, el ministro Castillo evitó dar declaraciones, incluso fingiendo una llamada telefónica cuando fue abordado por reporteros esta semana. Posteriormente, en un video publicado en su página de Facebook, generado mediante inteligencia artificial, Castillo defendió la adjudicación argumentando que la empresa presentó cartas de referencia desde 2015 que acreditan experiencia en el suministro de equipos tecnológicos.

No obstante, la Secretaría de Transparencia indicó en su informe que el criterio de “urgencia” utilizado para desechar a las otras tres empresas participantes —por no entregar en 20 días— no fue ni justificado ni documentado, y que ese plazo de entrega no figuraba como criterio de evaluación en los términos de la licitación.

El caso ha encendido nuevamente las alarmas sobre el uso de fondos públicos en procesos de compra, en especial cuando se involucran empresas sin experiencia acreditada y se descartan ofertas significativamente más baratas.