La empresa operaba bajo un esquema Ponzi sin autorización de la CNBS y mantiene a miles de inversionistas a la espera de recuperar su dinero.
La directiva de Koriun Inversiones, empresa intervenida por el Ministerio Público tras operar de manera irregular en el sistema financiero, hizo un llamado urgente a todos sus socios para que presenten sus contratos originales y su tarjeta de identidad en las distintas agencias del país. El objetivo: organizar el traslado hacia Tegucigalpa y solicitar la intervención directa de la presidenta Xiomara Castro.
Lidia Flores, miembro de la directiva de Koriun, instó a los socios afectados a acudir personalmente a las oficinas entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., del miércoles hasta el domingo, con el fin de registrarse para el viaje a la capital. Según explicó, también se está coordinando la contratación de buses para movilizar a los afiliados. “Lo que buscamos es que los socios afectados los traslademos a la capital e ir a Casa Presidencial con el listado para que la presidenta Xiomara Castro nos ayude, tal y como lo prometió”, declaró.
Flores señaló que la movilización es crucial para mantener activos a los socios y ejercer presión pública que permita la recuperación de los fondos invertidos. “Es importante que los afectados se mantengan unidos y presenten sus documentos para demostrar que esta causa es legítima”, añadió.
Koriun ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), una promesa insostenible que finalmente reveló la existencia de un esquema Ponzi, en el que se usaban fondos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. La empresa operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y contaba con al menos 35 mil aportantes en siete departamentos del país.
El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, a través de la FESCCO y la ATIC, ejecutó un operativo de aseguramiento en las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, incautando bienes, vehículos, cuentas bancarias y más de 358 millones de lempiras en efectivo, además de 69.2 millones en cuentas. Cuatro personas enfrentan actualmente procesos judiciales por lavado de activos y asociación para delinquir.
