TEGUCIGALPA – Durante una comparecencia pública en Cadena Nacional de Radio y Televisión, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó documentos oficiales que, según él, confirman que las elecciones generales de 2013 y 2017 en Honduras fueron manipuladas mediante una red de fraude sistemático.

Apoyado en expedientes judiciales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y aunque la población hondureña ya está hasta la coronilla de que le repitan una y otra vez el mismo disco rallado, Redondo aseguró que más de 3,000 actas electorales fueron alteradas para beneficiar a los entonces candidatos del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

“Lo que comenzó como rutas de paso del narcotráfico terminó infiltrando partidos políticos, instituciones de justicia y fuerzas de seguridad”, afirmó Redondo, aludiendo a la penetración del crimen organizado en el sistema electoral.

El presidente del Legislativo señaló que en los comicios de 2017 se produjo un sabotaje deliberado al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), provocando la ya conocida “caída del sistema”, lo que habría permitido modificar los resultados a favor de Hernández.

En medio del debate actual sobre reformas a la Ley Electoral, Redondo expresó su preocupación por propuestas que permitirían la corrección manual de actas sin controles suficientes, advirtiendo que estas medidas podrían reactivar esquemas de manipulación utilizados en el pasado.

“Ese modelo delictivo tiene nombre, tiene responsables y tiene consecuencias legales”, subrayó.

También instó a la ciudadanía a mantenerse informada y no dejarse confundir por interpretaciones erróneas sobre los artículos 279 y 283 de la Ley Electoral, que regulan la transmisión, divulgación y escrutinio de votos.

Finalmente, Redondo exigió que las elecciones del próximo 30 de noviembre se rijan bajo el mismo marco legal utilizado en 2021, el cual, a su juicio, permitió un proceso más transparente y confiable.

Las declaraciones de Redondo se dan en un contexto de tensión en el Congreso Nacional, cuyas sesiones permanecen suspendidas, y donde varios diputados enfrentan cuestionamientos por el uso irregular de fondos públicos.