+++El vicecanciller y periodista, Gerardo Torres, trata de limpiar el rostro del Ejecutivo y aclara que el responsable de los fondos utilizados por diputados para ayudas sociales los entrega el presidente del Congreso Nacional+++
Tegucigalpa. – El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dejó claro que la administración y ejecución de los fondos destinados a ayudas sociales corresponde exclusivamente al Congreso Nacional, desligando de toda responsabilidad al Poder Ejecutivo en la asignación de dichos recursos.
“Lo hemos dicho reiteradamente: no es un tema del Ejecutivo, es un tema del Legislativo. Quien firma esos fondos es el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo”, declaró Torres en una entrevista reciente, al referirse a los recursos manejados mediante la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), pero aprobados y distribuidos por el Congreso Nacional.
Según el funcionario, existen dos tipos de fondos gestionados desde el Legislativo: uno asignado a proyectos comunitarios, que suma 950 millones de lempiras, y otro correspondiente a subvenciones individuales por un monto de 1,600 millones de lempiras. “Estas subvenciones son entregadas directamente a los diputados para atender necesidades en sus departamentos”, explicó.
Durante su intervención, Torres mencionó nombres de legisladores que habrían recibido cantidades significativas, como el diputado Jorge Cálix, quien supuestamente no ha presentado facturas completas. También hizo alusión a la diputada Isis Cuéllar, quien aún no ha entregado toda la documentación requerida. “Si al presentar las facturas hay irregularidades, debe investigarse. Si todo está en orden, el tema debe cerrarse”, sostuvo.
Asimismo, reveló que algunos diputados liberales, entre ellos Ericka Urtecho, habrían manejado más de 10 millones de lempiras cada uno. No obstante, subrayó que la prioridad debe ser verificar el uso correcto de los fondos, más allá de los montos recibidos.
“El problema no es cuánto se dio, sino si ese dinero se usó para beneficiar a las comunidades o si fue desviado para fines políticos. Esto debe comprobarse mediante las auditorías y liquidaciones correspondientes”, advirtió el vicecanciller.
Torres insistió en que la fiscalización debe ser objetiva e imparcial: “Donde haya uso indebido de los recursos, debe haber consecuencias legales, sin importar el partido político. Ya lo vimos con casos del Partido Nacional y el Partido Liberal en gobiernos anteriores”, afirmó.
Finalmente, el vicecanciller mencionó presuntas irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP), donde, según indicó, más de 1,000 millones de lempiras de un fideicomiso habrían sido malversados en año y medio. Estos fondos, detalló, fueron usados en publicidad y ayudas bajo la gestión de funcionarios cercanos al diputado Cálix. “Por eso la presidenta Xiomara Castro ordenó una investigación y se instaló una Junta Interventora, cuyo mandato ha concluido y deberá presentar sus resultados”, concluyó.
