La investigación que involucra a cuatro miembros de la Policía Nacional tomó un nuevo rumbo este miércoles, luego de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) coordinara sus capturas mediante órdenes judiciales. Los imputados son Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, subinspectora de Policía, y los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, todos asignados a la DIPOL, según informó el Ministerio Público.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los hechos se remontan al 30 de agosto de 2026, cuando los ahora procesados habrían ingresado a una vivienda y, mediante acciones de intimidación, sacado del inmueble a un menor de edad. Frente a los vecinos, presuntamente argumentaron que trasladarían al joven al CORE 7, pero, según la investigación, nunca habría ingresado a esas instalaciones y posteriormente fue llevado hacia un lugar que hasta ahora no ha sido precisado.
La desaparición activó las diligencias de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la FESCCO, después de que los familiares presentaran la denuncia correspondiente. Cinco días después, el 4 de septiembre, la familia habría recibido un mensaje en el que se exigían 600 mil lempiras por la liberación del menor, acompañado de la advertencia de no informar a las autoridades sobre la comunicación.
El Ministerio Público sostiene que el requerimiento fiscal, presentado ante el órgano jurisdiccional el 28 de septiembre, está respaldado por documentación, evidencia técnica y elementos científicos obtenidos durante las investigaciones. Posteriormente, un juez competente emitió las órdenes de captura que permitieron a los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la DPI ejecutar las detenciones. La Fiscalía atribuye provisionalmente a los cuatro investigados el delito de secuestro agravado.
La actuación de la UNAS se produce en un contexto en el que las autoridades hondureñas han intensificado las investigaciones contra estructuras dedicadas al secuestro. El Ministerio Público informó en febrero que durante 2025 recibió 50 denuncias relacionadas con secuestro, presentó 28 requerimientos fiscales y registró 272 capturas vinculadas con estos casos, además de 20 sentencias condenatorias.
La propia Policía Nacional ha reportado durante 2026 operaciones de la UNAS en las que se han logrado rescates y capturas relacionadas con exigencias económicas. En septiembre, por ejemplo, agentes de esta unidad participaron en el rescate de un comerciante en Copán por cuya liberación se exigían 2 millones de lempiras, mientras que en otro caso registrado en San Pedro Sula se investigó una exigencia de 300 mil lempiras.
El caso contra los cuatro agentes policiales deberá continuar ahora en los tribunales, donde serán examinados los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Al tratarse de personas imputadas, las acusaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público y no constituyen una declaración de culpabilidad, por lo que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades individuales que correspondan.
