TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Los usuarios del servicio eléctrico tendrán un período de seis meses sin que un eventual incremento tarifario sea trasladado directamente a sus recibos, luego de la sanción presidencial de la nueva Ley de Justicia Energética, según confirmaron autoridades del Gabinete Energético en una comparecencia realizada este miércoles en Casa Presidencial.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, explicó que el plazo comenzará a correr cuando el decreto sea publicado oficialmente en La Gaceta. A partir de ese momento entrarán en vigor las nuevas disposiciones y, de acuerdo con lo explicado por el funcionario, cualquier aumento que resulte del cálculo tarifario será absorbido por el Estado durante ese período.

La decisión implica un compromiso financiero para las arcas públicas, debido a que el Gobierno deberá disponer de recursos para evitar que los posibles incrementos lleguen al consumidor. Peña Panting reconoció que se trata de un esfuerzo que deberá ser asumido con responsabilidad por la administración pública, precisamente en momentos en que la ENEE enfrenta un proceso de transformación institucional y financiera.

El nuevo marco legal establece que el valor aplicado en el último recibo de cada abonado no podrá incrementarse durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la normativa. El Congreso Nacional, además, tendrá la facultad de prolongar ese período por otros seis meses, con lo que el congelamiento podría alcanzar hasta un año.

La sanción del decreto se produjo la noche del martes, cuando el presidente Nasry Asfura estampó su firma al texto aprobado previamente por el Congreso Nacional. Posteriormente, el documento fue remitido a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), donde deberá realizarse el proceso correspondiente para su publicación en La Gaceta, paso necesario para la entrada en vigor de la legislación.

Durante la comparecencia, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, explicó además el funcionamiento del denominado Comité de Conducción contemplado en la nueva legislación. Según detalló, la Presidencia de la República, a través del secretario de la Presidencia, estará al frente de esa instancia, que integra a funcionarios responsables de distintas instituciones vinculadas con el sector energético.

García señaló que dicho comité ya comenzó a trabajar y que varios de los funcionarios que lo integran han participado en reuniones relacionadas con la implementación de la reforma. También destacó la cooperación que, según indicó, han ofrecido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones para acompañar el proceso de aplicación de la nueva legislación.

Mientras tanto, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mantendrá su función de calcular y publicar los ajustes tarifarios correspondientes. Su presidente, Héctor Corrales, explicó que la disposición legal impide aumentar la tarifa que se encuentre vigente, pero no establece una prohibición para reducirla; por ello, el organismo regulador continuará realizando sus cálculos trimestrales.

En ese contexto, Corrales informó que el directorio de comisionados aprobaría el ajuste trimestral correspondiente, que según lo anunciado por las autoridades representa un incremento de 0.06 %. El informe técnico será divulgado mediante los canales oficiales de la CREE y también deberá ser publicado en La Gaceta, conforme al procedimiento establecido para las decisiones tarifarias.

Otro de los asuntos abordados por la CREE será la remuneración que recibirán los hogares y establecimientos comerciales que inyecten electricidad a la red mediante sistemas de paneles solares u otras fuentes de energía renovable. La Comisión ya cuenta con mecanismos regulatorios relacionados con la remuneración de excedentes de energía renovable y trabaja en nuevas reglas para el sector.

Corrales sostuvo que la CREE iniciará una etapa de trabajo orientada a establecer reglas que permitan atraer inversión y favorecer el desarrollo de un mercado eléctrico competitivo, transparente y abierto. La reforma aprobada por el Congreso también contempla una reorganización de la ENEE y nuevas disposiciones para la generación, transmisión y distribución de electricidad.

La comparecencia en Casa Presidencial reunió además al secretario de Energía, Eduardo Oviedo; al titular de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y al ministro de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez. Con la sanción presidencial y a la espera de la publicación en La Gaceta, comienza ahora la etapa decisiva para la implementación de una reforma que busca modificar la estructura del sistema eléctrico y, en el corto plazo, evitar que un eventual aumento tarifario sea trasladado directamente a los usuarios.