TEGUCIGALPA, HONDURAS. — La Secretaría del Congreso Nacional ordenó archivar la petición ciudadana que pretendía promover un juicio político contra más de 80 diputados, luego de que el Registro Nacional de las Personas (RNP) concluyera que los respaldos presentados no alcanzaban el mínimo exigido por la legislación hondureña. La solicitud estaba dirigida contra parlamentarios de los partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana y PINU-SD que respaldaron el Decreto Legislativo 107-2026.
El expediente estaba relacionado con el rechazo ciudadano al Decreto 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. El decreto fue publicado oficialmente y figura en los registros legislativos como una de las leyes aprobadas por el Congreso durante 2026.
La revisión realizada por el RNP estableció que, de las 14,477 firmas remitidas para cotejo, solamente 1,710 coincidieron con la información del Documento Nacional de Identidad y la huella digital registrada. En contraste, 11,281 registros fueron clasificados como “no hit”, es decir, no coincidieron los datos necesarios para validar el respaldo ciudadano.
El informe registral también identificó otras inconsistencias dentro de la documentación. Según el reporte, 484 huellas presentaron problemas de calidad, mientras que 526 documentos de identidad aparecieron repetidos. Además, 382 folios no pudieron ser procesados debido a errores en los datos de origen, incluidos números de identidad no válidos y expedientes sin huellas digitales.
Ante estos resultados, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece que las firmas y huellas que respaldan una iniciativa de este tipo deben ser verificadas por el RNP. El requisito mínimo es contar con 3,000 ciudadanos debidamente cotejados y validados, cifra que en este caso quedó lejos de alcanzarse, con un déficit de 1,290 respaldos válidos.
Con la verificación concluida y al no cumplirse el requisito legal, la Secretaría del Congreso determinó que la solicitud no podía continuar su trámite y ordenó archivar las diligencias. La iniciativa había sido promovida por ciudadanos y organizaciones de los departamentos de Colón y Atlántida, quienes buscaban someter a juicio político a integrantes de la Junta Directiva y a otros parlamentarios que participaron en la aprobación de la legislación cuestionada. De haberse alcanzado el número mínimo de firmas, la solicitud habría tenido que pasar por una etapa de discusión sobre su admisibilidad en el pleno legislativo.
