TEGUCIGALPA, HONDURAS.– La situación migratoria de miles de hondureños en Estados Unidos vuelve a colocarse bajo el foco de atención luego de las advertencias formuladas por César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien considera que Washington aplicará mecanismos para presionar a los beneficiarios del TPS a retornar al país.

Castillo señaló que el fin de la protección migratoria no necesariamente implica que todos los beneficiarios sean deportados de inmediato, pero sí los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los procedimientos migratorios estadounidenses. Según sus declaraciones recogidas por medios hondureños, existe una política de presión que puede conducir tanto a salidas voluntarias como a procesos de expulsión.

El impacto potencial es considerable. En 2024 se estimaba que unos 55,000 hondureños estaban amparados por el TPS, un programa que durante años permitió a estos compatriotas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras Honduras mantenía las condiciones que justificaban la protección temporal. La terminación del beneficio abrió un nuevo escenario para esta población.

A esta situación se suma el incremento de los retornos. Castillo sostiene que las deportaciones y retornos de hondureños han aumentado aproximadamente 40 % durante 2026 respecto al mismo período del año anterior, una tendencia que, de mantenerse, podría llevar el total anual por encima de los 100,000 connacionales retornados.

La preocupación del investigador, sin embargo, trasciende a quienes estuvieron protegidos por el TPS. Castillo ha advertido que las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses alcanzan a una población hondureña mucho más amplia. Según el análisis citado por La Prensa, en Estados Unidos residirían alrededor de 1.5 millones de hondureños, de los cuales cerca de 600,000 estarían en condición migratoria irregular.

El OMIH, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, utiliza información procedente de instituciones estatales, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y otras fuentes especializadas para analizar los movimientos migratorios y sus consecuencias. La institución también ha documentado el creciente desafío que representan los retornos para Honduras.

De hecho, durante 2025, 37,790 migrantes retornados recibieron el bono “Llegaste a Casa”, según información del propio OMIH. El programa implicó un desembolso estatal de 98.25 millones de lempiras entre febrero de 2025 y enero de 2026, destinado principalmente a brindar asistencia inmediata a compatriotas que regresaron al país.

El panorama plantea un desafío económico y social para Honduras: una eventual llegada masiva de personas que pierdan su protección migratoria, combinada con el aumento de las deportaciones, podría elevar las necesidades de empleo, vivienda, salud y reinserción productiva. Castillo ha insistido precisamente en que la respuesta no debe limitarse a la asistencia inmediata, sino avanzar hacia políticas sostenibles que permitan incorporar a los retornados a la economía nacional.