El proceso judicial contra Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), avanzó a una nueva etapa luego de que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolviera dictar auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión. La decisión se relaciona con hechos ocurridos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, particularmente con el traslado de material electoral hacia los centros de votación.
La acusación fiscal atribuye al exfuncionario los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, todos en perjuicio de la Administración Pública. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el expediente está vinculado con presuntas irregularidades en la contratación y utilización del servicio encargado de movilizar las maletas electorales durante los comicios internos.
Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con la sustitución de los vehículos originalmente contemplados en el contrato. Según la Fiscalía, la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, habría utilizado autobuses en lugar de los camiones de carga exigidos, mientras Ramos García habría permitido ese cambio sin efectuar los reclamos correspondientes. La situación habría contribuido a los retrasos que afectaron la entrega del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Las dificultades logísticas fueron especialmente visibles durante aquella jornada electoral, cuando numerosas maletas no llegaron oportunamente a los centros de votación. Incluso se recurrió a autobuses del transporte urbano para movilizar parte del material electoral, una situación que generó cuestionamientos sobre la planificación y ejecución del dispositivo de transporte contratado por el CNE. El Ministerio Público sostiene que las irregularidades investigadas ocasionaron un perjuicio al Estado calculado en L64.78 millones.
Ramos García ya enfrentaba otro expediente judicial relacionado con la contratación del transporte electoral, por lo que su situación jurídica no se limita a esta nueva causa. La Fiscalía había presentado en marzo de 2025 un requerimiento por presunta contratación fraudulenta y posteriormente obtuvo resoluciones judiciales contra otros exintegrantes de la Comisión Evaluadora del CNE involucrados en el mismo entramado investigativo.
En cuanto a las medidas impuestas, el exfuncionario continuará el proceso en libertad, bajo condiciones determinadas por el órgano jurisdiccional. Entre las medidas aplicadas en esta causa figuran restricciones como la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, disposiciones destinadas a garantizar su sometimiento al proceso mientras avanzan las siguientes etapas judiciales.
El expediente entra ahora en una fase decisiva: de acuerdo con la resolución judicial difundida este martes, la Audiencia Preliminar quedó señalada para el lunes 28 de septiembre de 2026, a las 9:30 de la mañana. Será entonces cuando se conozcan nuevos elementos sobre la acusación y la posición de las partes. El auto de formal procesamiento no constituye una condena, por lo que Ramos García mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras el proceso continúa.
