Una operación contra el tráfico de drogas en el Caribe hondureño terminó con 11 personas requeridas, dos embarcaciones aseguradas y 17 fardos de supuesta cocaína decomisados, de acuerdo con el reporte preliminar divulgado este lunes por las Fuerzas Armadas de Honduras. La intervención se produjo aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de la Barra Patuca, en el departamento de Gracias a Dios.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con participación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO). Las autoridades mantienen abierta la operación mientras avanzan las inspecciones de las embarcaciones y la búsqueda de posibles evidencias adicionales.
Entre los objetivos asegurados figura la Miss Celeste, una embarcación pesquera de tipo camaronera con bandera hondureña, además de una lancha rápida conocida como “go fast”. La relación exacta entre ambas embarcaciones y el papel que habría desempeñado cada una forman parte de los aspectos que deberán ser establecidos mediante la investigación.
La nacionalidad de los requeridos también forma parte de los datos preliminares del caso. De las 11 personas interceptadas durante el operativo, cinco serían ciudadanos colombianos y seis hondureños, según información proporcionada por las autoridades. Hasta el momento no se han divulgado públicamente sus identidades ni se ha establecido judicialmente la responsabilidad individual de alguno de ellos.
El hallazgo de los 17 fardos podría ser solamente una parte del cargamento que era movilizado en la zona. Según el reporte militar, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios paquetes al mar al advertir la presencia de las unidades navales, por lo que equipos de seguridad mantienen labores para intentar localizarlos y recuperarlos.
Por esa razón, la cantidad definitiva de droga todavía no está determinada. Proceso Digital reportó, citando al portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, que los 17 fardos recuperados contendrían supuesta cocaína y que el volumen podría incrementarse conforme avance la búsqueda en altamar. El peso final deberá establecerse mediante conteo, pesaje y análisis de laboratorio.
El procedimiento posterior contempla que los detenidos, las embarcaciones y la evidencia sean puestos bajo custodia de las autoridades competentes en la Base Naval de Caratasca, donde continuarán las diligencias correspondientes. La ATIC y la FESCCO deberán documentar los indicios encontrados y establecer las posibles responsabilidades penales que correspondan.
La operación ocurre en un contexto de intensificación de los controles contra el narcotráfico en las rutas marítimas hondureñas. Proceso Digital señaló que durante 2026 se han registrado importantes incautaciones de cocaína en diferentes puntos del país, entre ellas decomisos de cientos de kilogramos en Marcovia y un cargamento reportado de más de una tonelada en El Progreso.
El operativo también vuelve a colocar a Gracias a Dios y las rutas del Caribe en el centro de la lucha contra las redes que utilizan espacios marítimos para movilizar cargamentos ilícitos. Para los investigadores será fundamental determinar el origen y destino de la presunta droga, así como establecer si existe una estructura organizada detrás del movimiento de las dos embarcaciones.
Mientras las investigaciones continúan, las autoridades mantienen como resultado preliminar 17 fardos recuperados, 11 personas requeridas y dos embarcaciones bajo custodia. El eventual hallazgo de los paquetes arrojados al mar podría modificar el balance inicial de la operación y elevar tanto la cantidad de evidencia incautada como la dimensión del caso.
La investigación deberá avanzar ahora bajo la conducción del Ministerio Público, que tendrá que determinar qué cargos corresponden y contra quiénes existen elementos suficientes para ejercer la acción penal. Hasta que concluyan los análisis y procedimientos legales, la sustancia debe ser identificada periodísticamente como “supuesta cocaína”, y las personas requeridas mantienen sus derechos y garantías procesales.
