La batalla judicial por el caso Pandora II está lejos de terminar. La Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público presentaron recursos de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, con lo que el expediente pasará a revisión de una Corte de Apelaciones.
La decisión que favoreció al exmandatario fue emitida el 1 de septiembre por un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la resolución se fundamentó, entre otros aspectos, en que no se logró establecer la trazabilidad del dinero presuntamente destinado a actividades de campaña política, razón por la cual se dictó el sobreseimiento definitivo.
Ahora la PGR pretende que el tribunal de alzada revoque esa determinación y emita un auto de formal procesamiento contra Hernández por fraude y lavado de activos. La institución sostiene que todavía existen elementos que deben ser examinados para determinar qué ocurrió con fondos públicos que, según la acusación, ascendieron a 288 millones 16 mil 175 lempiras entre 2010 y 2014.
Uno de los principales cuestionamientos de la Procuraduría está relacionado con la prueba presentada durante el proceso. Según su planteamiento, de los 38 medios de prueba documentales ofrecidos por la acusación, 22 fueron inadmitidos, lo que representa aproximadamente el 58 %; además, fueron excluidas 80 constancias correspondientes a comunidades que, de acuerdo con la investigación, estaban contempladas como beneficiarias de los recursos.
La PGR sostiene que esos documentos podían contribuir a establecer si los recursos llegaron efectivamente a los proyectos para los cuales fueron asignados y, por tanto, ayudar a determinar la existencia de un eventual perjuicio patrimonial. La institución también señaló que pericias financieras y transaccionales establecieron que al menos 62 millones 26 mil 784.44 lempiras habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Hernández.
Otro punto planteado por la Procuraduría tiene que ver con Fernando Suárez, señalado como testigo relevante dentro de la investigación. Según la institución, Suárez había manejado fundaciones que recibieron fondos investigados y su declaración previa, al acogerse a una sentencia de conformidad, contenía información sobre las operaciones cuestionadas. La PGR también cuestionó que el testigo recuperara su libertad mientras avanzaba el proceso.
La controversia ahora llegará a la Corte de Apelaciones designada, que deberá analizar los argumentos de los entes acusadores y determinar si mantiene el sobreseimiento o modifica la resolución. El Poder Judicial informó que la defensa de Hernández dispone de tres días hábiles para responder a los recursos, antes de que el expediente continúe su trámite hacia el tribunal de alzada.
El caso Pandora II, abierto en 2023, investigó el supuesto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales y su eventual utilización para actividades políticas. Por ahora, el sobreseimiento definitivo permanece como la resolución judicial vigente, pero la apelación de la PGR y del Ministerio Público impide que el episodio quede cerrado mientras la segunda instancia no emita su decisión.
