La crisis provocada por la prolongada falta de lluvias continúa dejando su huella en las comunidades del sur de Honduras, particularmente entre familias cuya subsistencia depende directamente de la agricultura. En Valle, el Gobierno mantiene desplegada una operación de asistencia que combina alimentos, medicamentos y fortalecimiento de las capacidades municipales para enfrentar los efectos de la sequía.

Más de un millar de hogares de Langue fueron beneficiados este lunes con productos de la canasta básica cuyo valor supera los 4,000 lempiras por familia, en una jornada en la que participaron autoridades del Ejecutivo, Legislativo, municipales y departamentales. La ayuda busca amortiguar el impacto económico que están sufriendo los hogares ante la pérdida o reducción de sus cosechas.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez, explicó que la instrucción presidencial es concentrar los esfuerzos en las personas que han sufrido las consecuencias más severas de la emergencia. La estrategia, dijo, no pretende limitarse a una entrega puntual de alimentos, sino incorporar a diferentes instituciones para atender las necesidades que surgen en las comunidades afectadas.

A esa asistencia alimentaria se sumó la Secretaría de Salud con medicamentos de primera necesidad, como parte de una respuesta institucional que pretende atender las distintas dimensiones de la emergencia. Sánchez sostuvo que la presencia de las autoridades en los territorios responde a una realidad concreta: familias que están enfrentando dificultades para producir alimentos y sostener sus hogares.

La situación adquiere mayor relevancia por el peso que tiene la agricultura en la economía familiar del corredor seco. Cuando una cosecha de maíz o frijol se pierde o disminuye considerablemente, el problema deja de ser exclusivamente agrícola y pasa a convertirse en una amenaza para los ingresos, la alimentación y la estabilidad de las familias rurales.

Un diagnóstico divulgado este lunes por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) elevó la preocupación: su directora regional, Lena Savelli, estimó que unas 500,000 personas adicionales podrían enfrentar inseguridad alimentaria en Honduras como consecuencia de la sequía y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Frente a ese panorama, el Gobierno asegura que la respuesta comenzó antes de la declaratoria de emergencia. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó previamente que desde mayo se venían ejecutando acciones de asistencia humanitaria, entrega de insumos agrícolas, atención sanitaria y proyectos destinados a mejorar el acceso al agua en las comunidades más vulnerables.

El alcance de la emergencia es nacional. Según la SAG, 234 de los 298 municipios hondureños permanecen bajo algún nivel de alerta, mientras la declaratoria vigente contempla acciones destinadas a atender a más de 134,000 familias. Entre las medidas previstas figuran reservorios, perforación de pozos, bombas solares, sistemas de riego y apoyo a los productores.

La respuesta también busca que las municipalidades tengan herramientas propias para enfrentar las consecuencias de la crisis. En Langue fueron entregadas dos unidades de maquinaria para fortalecer las labores locales, mientras Goascorán recibió equipo dentro del Programa de Maquinaria Municipal, con el objetivo de mejorar la capacidad de intervención en caminos y obras comunitarias.

El alcalde de Langue, Ademir Caballero, quien pertenece al partido Libertad y Refundación (Libre), destacó precisamente el carácter municipal del equipo recibido y sostuvo que la maquinaria debe quedar como patrimonio de la localidad. Su valoración puso sobre la mesa otro aspecto de la emergencia: la necesidad de que los recursos públicos lleguen a los territorios sin que las diferencias partidarias se conviertan en obstáculos.

El fortalecimiento municipal forma parte de una estrategia que el Gobierno ha presentado como una respuesta sin discriminación política. La SAG ha señalado que los equipos entregados a las alcaldías no podrán ser alquilados y que contarán con mecanismos de seguimiento, incluido GPS, para procurar que sean utilizados en beneficio de las comunidades.

Para los productores, sin embargo, la maquinaria representa mucho más que un equipo pesado. Marcelino Torres, agricultor de la aldea Llano Grande, en Goascorán, valoró la llegada de estos recursos como una oportunidad para que el municipio pueda responder con mayor rapidez a las necesidades de sus comunidades, especialmente en un momento en que la sequía está golpeando las actividades productivas.

La preocupación trasciende las fronteras de Honduras. Durante su visita al país, Savelli confirmó que el PMA trabaja con autoridades nacionales y locales para reforzar la asistencia a las familias afectadas y reducir las consecuencias futuras de la crisis. La organización internacional considera que los efectos de El Niño representan un desafío regional para la seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, las autoridades hondureñas plantean medidas de más largo alcance para evitar que cada temporada seca vuelva a colocar a las comunidades en una situación de emergencia. La SAG contempla inversiones en infraestructura hídrica, riego y producción, mientras Copeco y otras instituciones trabajan en la construcción de pozos y en mecanismos para captar agua durante los períodos lluviosos.

La jornada desarrollada en Valle deja así dos imágenes de una misma crisis: por un lado, familias que necesitan alimentos y medicamentos para enfrentar las consecuencias inmediatas de la sequía; por otro, un esfuerzo institucional por dotar a los municipios de herramientas para responder a problemas que podrían prolongarse. El desafío será convertir la asistencia de emergencia en soluciones permanentes que permitan a las comunidades del sur recuperar su capacidad productiva y reducir su vulnerabilidad ante futuras temporadas de escasez de agua.