Honduras enfrenta simultáneamente varios frentes de presión económica y social, y el presidente Nasry Asfura colocó este viernes la emergencia por sequía, el encarecimiento internacional del petróleo, el costo de la electricidad y la situación de los hondureños afectados por el fin del TPS entre las principales prioridades de su administración. El gobernante aseguró que el Ejecutivo prepara nuevas medidas para amortiguar el impacto sobre los hogares más vulnerables.
La emergencia alimentaria es uno de los puntos centrales del plan. Asfura informó que el Gobierno se prepara para atender a entre 80 mil y 100 mil familias, mediante la entrega de dos sacos de productos básicos por hogar, con un peso conjunto aproximado de 160 libras. La medida busca proporcionar un respaldo inmediato a comunidades donde la pérdida de cultivos ha reducido los ingresos y la disponibilidad de alimentos.
El anuncio representa una ampliación de una operación que ya estaba en marcha. A finales de agosto, las autoridades habían informado que se habían distribuido 24,800 paquetes alimentarios, mientras camiones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) trasladaban provisiones desde Tegucigalpa hacia los municipios afectados. La estrategia involucra además a Sedesol, la Policía Nacional y la Cruz Roja Hondureña.
La magnitud del problema también se refleja en el mapa de emergencia. Aunque en días anteriores las autoridades reportaron 103 municipios bajo alerta roja, Asfura afirmó este viernes que actualmente son 104 y advirtió que el número podría continuar aumentando. La diferencia entre los registros evidencia que la situación permanece en evolución y que las autoridades siguen incorporando municipios conforme se deterioran las condiciones climáticas.
Detrás de la emergencia alimentaria existe además una crisis de agua con efectos que van mucho más allá de la agricultura. La falta prolongada de lluvias compromete el abastecimiento para consumo humano, reduce la disponibilidad de agua para los cultivos y afecta los niveles necesarios para la generación hidroeléctrica. El Gobierno ya había anunciado obras de reservorios, perforación de pozos, bombas solares y sistemas de riego, con una inversión anunciada de 180 millones de lempiras para infraestructura hídrica.
La asistencia alimentaria tiene como antecedente una primera operación ejecutada desde julio en comunidades del corredor seco de Choluteca y El Paraíso. En aquella fase se contempló beneficiar a más de 15 mil familias, con paquetes de dos sacos que sumaban unas 160 libras y contenían productos como arroz, frijoles, harina, pastas, aceite, café y alimentos enlatados. La experiencia sirve ahora como plataforma logística para ampliar la cobertura.
Al mismo tiempo, el Gobierno intenta contener otro factor que puede multiplicar el costo de la emergencia: el petróleo. Asfura reconoció que la subida de las cotizaciones internacionales está repercutiendo en Honduras y señaló que durante las últimas horas sostuvo reuniones con representantes del transporte para buscar alternativas frente al aumento de los combustibles. El impacto no se limita a quienes utilizan vehículos: el combustible influye directamente en transporte de mercancías, producción, servicios y precios al consumidor.
La presión internacional sobre los carburantes ya había provocado fuertes movimientos durante 2026. Reportes especializados señalaron incrementos acumulados superiores a 28 lempiras por galón en determinados períodos del año, mientras AHDIPPE ha atribuido las variaciones a factores geopolíticos y a la volatilidad de los mercados internacionales. El propio Banco Central también ha registrado el impacto que tienen los productos derivados del petróleo sobre la factura energética del país.
El precio de la electricidad aparece como otra pieza del mismo problema. Asfura sostuvo que la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) constituye un paso necesario para mejorar su funcionamiento y reducir los costos de generación. El Congreso Nacional aprobó el 1 de septiembre la denominada Ley de Justicia Energética, que reorganiza la empresa estatal, mantiene su propiedad en manos del Estado y establece un congelamiento temporal de la tarifa eléctrica.
El siguiente desafío será convertir esa reforma en resultados concretos. Asfura adelantó que dialogará con empresas generadoras, incluidos los sectores de energías renovables, para identificar obstáculos y buscar mecanismos que permitan elevar la eficiencia y producir electricidad al menor costo posible. El proceso llega en un momento en que la ENEE arrastra pérdidas que, según cifras oficiales citadas por EFE, rondan los 600 millones de dólares anuales, uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para impulsar la reforma.
La agenda presidencial también tiene una dimensión migratoria. Asfura se refirió a los aproximadamente 55 mil hondureños afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos y aseguró que su Gobierno ha realizado gestiones para solicitar a Washington tiempo suficiente para que los compatriotas puedan prepararse ante un eventual retorno. Sin embargo, el contexto exige precisión: el DHS estadounidense confirmó en agosto que las terminaciones del TPS están en vigor y advirtió que quienes ya no cuentan con esa protección podrían enfrentar procesos migratorios.
El desafío para Honduras, por tanto, se presenta como una cadena de problemas conectados: menos lluvia significa menor producción; el petróleo caro encarece transporte y bienes; una generación eléctrica costosa presiona a hogares y empresas; y un eventual aumento de retornados puede incrementar la demanda de empleo y servicios. Frente a este escenario, el Gobierno de Asfura apuesta por asistencia inmediata, infraestructura hídrica, reformas energéticas y gestiones diplomáticas, pero el resultado dependerá de la capacidad de esas medidas para pasar de los anuncios a soluciones sostenibles para la población.
