Más de cuatro años después de la desaparición de Angie Samantha Peña, un tribunal hondureño comenzó este lunes 7 de septiembre una nueva etapa judicial que mantiene el caso bajo la atención nacional. La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción inició el juicio oral y público contra cuatro personas vinculadas por la Fiscalía con la estructura denominada “Delta Teams”.
El proceso tiene como principales acusados a los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por trata de personas en la modalidad de venta. Junto a ellos comparecen Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, acusados por asociación para delinquir.
3. La hipótesis de la Fiscalía ubica el nacimiento de la organización alrededor de 2019 en Islas de la Bahía, donde supuestamente habría establecido operaciones y una red de apoyo. Las investigaciones atribuyen a la estructura presuntas actividades de explotación sexual, trata de personas, narcomenudeo y tráfico de armas, entre otros delitos.
Uno de los elementos que ha dado especial relevancia al expediente es su conexión con la desaparición de Angie Peña, quien tenía 22 años cuando desapareció el 1 de enero de 2022 durante unas vacaciones en Roatán. La joven había salido en una moto acuática desde el sector de West Bay y, desde entonces, su paradero continúa sin esclarecerse públicamente.
La investigación experimentó un giro sustancial con el avance de las pesquisas sobre la presunta red. De una hipótesis inicial relacionada con un posible accidente marítimo, el expediente pasó a incorporar una línea de investigación sobre trata de personas, mientras las autoridades examinaban posibles conexiones entre individuos, negocios y otros actores en Islas de la Bahía.
La acusación fiscal también apunta a una presunta red de colaboración que habría involucrado a particulares y funcionarios. De acuerdo con elementos incorporados al expediente, se investiga la posible participación de miembros de la Policía Nacional y el supuesto apoyo de un juez de paz, quien habría facilitado procesos ficticios y documentación presuntamente falsificada. Estos señalamientos deberán ser probados durante el juicio.
Para sustentar su teoría del caso, el Ministerio Público llevará ante el tribunal diferentes elementos de prueba. Entre ellos figuran vaciados de teléfonos celulares, testimonios anticipados de víctimas protegidas y peritajes financieros, con los cuales la Fiscalía pretende establecer las relaciones entre los acusados y las actividades que les atribuye.
La investigación tampoco se ha limitado a las personas procesadas. En mayo de este año, las autoridades ejecutaron medidas patrimoniales contra bienes que, según el Ministerio Público, estarían relacionados con la estructura investigada. Entre los aseguramientos figuraron dos propiedades donde funcionaba The Dock Resort y 12 vehículos.
El expediente judicial comenzó a avanzar hacia juicio desde mayo de 2025, cuando un juzgado dictó auto de apertura a juicio contra los cuatro encausados. Desde entonces, la celebración del debate oral sufrió modificaciones en el calendario hasta quedar finalmente establecido para septiembre de 2026.
El caso tiene además un antecedente relevante: Gary Lee Johnston fue condenado en octubre de 2025 a 37 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual y pornografía infantil, según antecedentes citados por medios hondureños. Esa sentencia corresponde a otro proceso y no debe confundirse con el juicio que comenzó este lunes contra los cuatro acusados.
Durante las jornadas programadas, la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía. El tribunal será el encargado de determinar, después de valorar los elementos incorporados al debate, si existe responsabilidad penal de los acusados por los delitos que se les atribuyen. Hasta que exista una sentencia firme, prevalece la presunción de inocencia.
El juicio, programado del 7 al 14 de septiembre, representa uno de los capítulos judiciales más importantes derivados de la investigación por la desaparición de Angie Peña. Aunque el proceso puede aportar nuevas respuestas sobre las actividades atribuidas a “Delta Teams”, el paradero de la joven continúa siendo una de las grandes interrogantes pendientes del caso.
