La situación judicial del consultor político argentino Fernando Cerimedo se complica en Bolivia. El Ministerio Público anunció este jueves que presentará una imputación formal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y solicitará que permanezca seis meses bajo detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz. La decisión fue comunicada después de que una comisión fiscal se trasladara hasta Santa Cruz para tomarle declaración.
Durante el interrogatorio, el fiscal Miguel Ángel Cardozo afirmó que Cerimedo ofreció respuestas que calificó como “esquivas” y sostuvo que existen suficientes elementos para establecer, de manera preliminar, su presunta participación en los hechos investigados. La Fiscalía pretende que la nueva medida cautelar se cumpla en Chonchocoro, aunque Cerimedo ya permanece detenido preventivamente en Santa Cruz por otro proceso penal.
La nueva investigación se originó tras un allanamiento en propiedades vinculadas al consultor, donde las autoridades reportaron el hallazgo de más de 40.000 dólares en efectivo, además de equipos que medios locales han relacionado con una denominada “granja de bots”. La Fiscalía abrió de oficio el expediente por enriquecimiento ilícito poco después de la detención de Cerimedo por el ataque armado contra su expareja.
El caso tiene, sin embargo, una fuerte dimensión política. La defensa sostiene que durante la declaración los fiscales no centraron sus preguntas en el origen del dinero investigado, sino en la relación que Cerimedo mantenía con el presidente boliviano Rodrigo Paz. El abogado del argentino calificó la actuación de la Fiscalía como un supuesto “golpe de Estado institucionalizado y organizado”, una afirmación que corresponde a la posición de la defensa y no a un hecho judicial establecido.
Paz ha intentado marcar distancia con el consultor, aunque reconoció que Cerimedo participó en su campaña para la segunda vuelta presidencial de 2025. El mandatario afirmó que el argentino “jamás tuvo autorización” para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia, y aseguró que nunca existió un contrato ni una relación laboral directa con él. La controversia aumentó después de que Beller difundiera material que, según ella, demostraría que el vínculo entre Cerimedo y el entorno presidencial continuó después de la campaña.
Paralelamente, Cerimedo enfrenta la investigación más grave hasta ahora: la presunta tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. La Fiscalía sostiene que existen elementos que apuntan a su posible participación y ya consiguió una detención preventiva de 180 días dentro de ese proceso. La defensa, por su parte, ha negado la acusación e incluso planteó públicamente la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido un autoatentado.
A ese expediente se suma una tercera investigación por violencia familiar y doméstica, relacionada con hechos que presuntamente habrían ocurrido en julio contra Beller. El caso ha adquirido repercusión regional debido al perfil de Cerimedo, quien trabajó en la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. También fue señalado en el contexto de las investigaciones brasileñas sobre la difusión de información falsa relacionada con las elecciones de 2022; sin embargo, verificadores señalan que no fue acusado por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
El proceso boliviano se desarrolla así en varios frentes —judicial, político y comunicacional— mientras la Fiscalía profundiza sus investigaciones y la defensa cuestiona la actuación de los investigadores. Por ahora, la nueva imputación por presunto enriquecimiento ilícito y la solicitud de seis meses de prisión preventiva deberán ser analizadas por un juez, quien tendrá que determinar si corresponde aplicar la medida solicitada por el Ministerio Público. Cerimedo, entretanto, continúa privado de libertad y bajo investigación por las distintas causas abiertas en Bolivia.
