Tegucigalpa, Honduras | 26 de agosto de 2026. La falta de medicamentos continúa siendo uno de los principales obstáculos para miles de hondureños que dependen de los servicios públicos de salud. Una nueva veeduría realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el acompañamiento de la Red de Veedores y Asociaciones de Pacientes, encontró que el 30 % de las personas atendidas durante julio no recibió completo el tratamiento que necesitaba.

El monitoreo no se limitó a un grupo reducido de centros asistenciales. Los veedores entrevistaron a 2,086 pacientes y visitaron 163 establecimientos de salud en diferentes regiones del país, una muestra equivalente al 8.7 % de la red de establecimientos, según los datos divulgados por las organizaciones.

La preocupación aumenta porque, de acuerdo con ASJ, esta problemática permanece prácticamente estancada desde febrero de 2026, aun cuando el sistema sanitario se encuentra bajo un régimen de emergencia destinado precisamente a enfrentar, entre otros problemas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales.

El impacto golpea especialmente a personas que necesitan medicación permanente. Del total de entrevistados, 42 % manifestó padecer alguna enfermedad crónica, principalmente hipertensión, diabetes y problemas de tiroides, padecimientos que requieren continuidad terapéutica y pueden representar un riesgo adicional cuando los medicamentos no están disponibles de manera oportuna.

A esa vulnerabilidad se suma la situación económica de buena parte de los usuarios. La veeduría encontró que 47 % de los pacientes no tiene ingresos mensuales, mientras que otro 40 % reportó percibir entre 1,000 y 10,000 lempiras. Apenas 2 % señaló ingresos superiores a 15,000 lempiras, lo que limita considerablemente la posibilidad de sustituir con recursos propios los medicamentos que deberían ser proporcionados por el sistema público.

Las diferencias entre instituciones también resultaron significativas. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el 39 % de los pacientes consultados afirmó que no recibió completo su tratamiento, mientras que en los establecimientos administrados directamente por la Secretaría de Salud el porcentaje fue del 28 %.

La brecha también cambia dependiendo del nivel de atención. En los establecimientos correspondientes al segundo nivel, que incluye hospitales generales, 35 % de los pacientes no obtuvo su tratamiento completo, frente a 25 % registrado en el primer nivel de atención, de acuerdo con los resultados presentados por ASJ.

Cuando el medicamento o insumo no está disponible, la factura termina trasladándose en parte al paciente. Uno de cada cinco entrevistados, equivalente al 20 %, dijo haber tenido que comprar materiales o insumos por su propia cuenta para completar la atención recibida en el sistema sanitario.

El costo de esta situación no se mide únicamente en dinero. Un 14 % de los pacientes consultados manifestó conocer a una persona cuya salud se deterioró debido a la falta de acceso a medicamentos, mientras que 7 % afirmó conocer casos de personas que murieron sin haber recibido el tratamiento que necesitaban. ASJ advirtió que estas cifras reflejan las consecuencias potencialmente graves que puede generar la interrupción de tratamientos.

Ante esta realidad, los propios usuarios identificaron cuál consideran que debe ser la prioridad. El 45 % pidió que la Secretaría de Salud garantice la existencia de medicamentos e insumos médicos en los establecimientos, mientras que 19 % señaló como necesidad urgente el mejoramiento de la infraestructura de los centros asistenciales.

El reclamo contrasta con los recursos que inicialmente fueron destinados para atender la compra de productos farmacéuticos. Según ASJ, la Secretaría de Salud tenía aprobados 3,300 millones de lempiras, pero al cierre de julio el presupuesto vigente se había reducido en aproximadamente 1,075 millones, hasta quedar en 2,225 millones de lempiras.

A esto se agrega otro punto señalado por la organización: de los 2,225 millones de lempiras vigentes para productos farmacéuticos y medicinales, solamente se había ejecutado el 36 % al finalizar julio. ASJ cuestionó que exista una brecha de abastecimiento mientras una parte importante de los recursos disponibles permanece sin ejecutar.

El escenario adquiere mayor relevancia por las medidas adoptadas este año. El Congreso Nacional aprobó mediante Decreto 5-2026 la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, que declaró una emergencia en el sector y estableció mecanismos especiales para enfrentar problemas como el desabastecimiento.

Además, la normativa fue reglamentada en marzo y posteriormente reformada en junio. Los documentos oficiales establecen mecanismos especiales para agilizar determinadas adquisiciones y contemplan procedimientos de contratación vinculados con medicamentos, insumos y otros requerimientos sanitarios, manteniendo principios de transparencia y control del gasto público.

Con este panorama, ASJ, la Red de Veedores y las asociaciones de pacientes demandaron a la Secretaría de Salud y al IHSS acelerar la compra de medicamentos e insumos, pero bajo procedimientos transparentes y acompañados de una mejor planificación y ejecución presupuestaria. Las organizaciones consideran indispensable pasar de respuestas coyunturales a un sistema permanente que integre la compra, distribución y dispensación, de manera que los medicamentos lleguen completos y a tiempo a quienes dependen de ellos.