DANLÍ, El Paraíso.— La Policía Nacional reportó este miércoles la captura del creador de contenido Urías Jabín Lobo Montoya, señalado por su presunta participación en un hecho que ha generado indignación en redes sociales y que ahora se encuentra bajo investigación penal por afectar, presuntamente, la integridad moral de un menor de edad.
La detención se produjo después de que la Fiscalía Regional de Oriente presentara un requerimiento fiscal contra Lobo Montoya y Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”. Ambos son señalados provisionalmente por el delito de trato degradante agravado.
El origen del caso se encuentra en un episodio ocurrido el 16 de agosto de 2026 en el parque central de Danlí, donde, de acuerdo con las investigaciones citadas por el Ministerio Público, los dos creadores de contenido habrían participado en el corte del cabello de un niño mientras registraban la escena con sus teléfonos celulares.
Según los datos difundidos sobre la investigación, al menor se le habrían ofrecido 500 lempiras a cambio de permitir que le cortaran el cabello con una máquina. Debido a su condición de vulnerabilidad y necesidad económica, el niño habría aceptado participar en la actividad que posteriormente sería convertida en contenido para redes sociales.
Lo que ocurrió después incrementó la controversia. Las imágenes fueron publicadas desde una cuenta vinculada a uno de los señalados y rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde provocaron críticas de usuarios que consideraron que el menor había sido expuesto y ridiculizado públicamente.
El Ministerio Público sostiene que durante la grabación también se produjeron expresiones que ridiculizaban al niño, además de señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud. Para la Fiscalía, esas circunstancias habrían agravado la afectación a la imagen y dignidad del menor.
La investigación fiscal no se limita, por tanto, al hecho de haberle cortado el cabello. El ente acusador considera que la grabación y posterior difusión del material audiovisual habrían convertido el episodio en una exposición pública capaz de afectar la integridad moral del niño, razón por la cual ambos creadores fueron incluidos en el requerimiento presentado ante el órgano jurisdiccional competente.
Tras conocerse la captura, también trascendieron declaraciones atribuidas a Lobo Montoya, quien habría manifestado que “Rosel también tiene la culpa” y que su intención no habría sido causar daño al menor. Asimismo, según reportes de medios hondureños, aseguró que, de recuperar su libertad, buscaría ayudar económicamente a la familia.
Por su parte, Rosel Ariel Archaga Rodas continúa vinculado al proceso fiscal. El creador de contenido reapareció públicamente este miércoles y, según reportes de prensa, ofreció disculpas a la madre del menor y reconoció su participación en el episodio. También entregó 8,000 lempiras a la familia y planteó buscar apoyo para mejorar sus condiciones de vivienda.
El caso ha abierto además una discusión sobre los límites de los contenidos producidos para plataformas digitales, especialmente cuando involucran a personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. La viralización de un video puede multiplicar en cuestión de horas la exposición de una víctima, incluso después de que el contenido original haya sido eliminado o retirado de una cuenta.
La actuación de las autoridades ocurre en un contexto en el que el Ministerio Público ha venido desarrollando investigaciones relacionadas con delitos que afectan la integridad y dignidad de menores. En marzo de 2025, por ejemplo, la Fiscalía informó sobre una condena por trato degradante agravado contra un menor en Danlí, en un caso diferente al que ahora involucra a los creadores de contenido.
Con el requerimiento fiscal presentado y la captura de Urías Lobo, será ahora el órgano jurisdiccional competente el que deberá determinar la situación jurídica del imputado y de Rosel Archaga Rodas. Ambos deben ser considerados presuntos responsables mientras no exista una sentencia firme que establezca su culpabilidad, conforme a las garantías del debido proceso.
