El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolló la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, dentro del proceso que se le sigue por su presunta participación en los delitos de fraude y lavado de activos. Durante esta etapa fueron ratificados los hechos contenidos en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Uno de los principales señalamientos de la Fiscalía está relacionado con el supuesto traslado y utilización irregular de más de 62 millones de lempiras provenientes de fondos estatales. Según la investigación, estos recursos habrían terminado vinculados al financiamiento de una campaña política. El expediente forma parte de las investigaciones derivadas del denominado caso Pandora II, que también involucra a otros exfuncionarios.
La acusación sostiene que el esquema investigado habría operado mediante organizaciones no gubernamentales, empresas de fachada, prestanombres y contratos que presuntamente permitieron ocultar el origen y destino de los fondos. En términos generales, UFERCO ha señalado que entre 2010 y 2013 se aprobaron desembolsos públicos por más de L288 millones, de los cuales una parte habría sido canalizada para actividades políticas.
Tras la jornada judicial, el tribunal determinó que la audiencia inicial continuará el próximo 18 de agosto. En esa fecha corresponderá a la defensa técnica del exmandatario objetar los 49 medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, como parte de la discusión sobre los elementos que sustentan la acusación.
El proceso adquiere especial relevancia debido a que Hernández mantiene vigente en Honduras una orden de captura relacionada con este expediente. En marzo de 2026, un juez declaró sin lugar la solicitud de su defensa para revocar esa medida, por lo que la orden permaneció vigente.
La causa deberá avanzar ahora hacia las siguientes etapas procesales, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos y los medios probatorios ofrecidos por las instituciones acusadoras. La responsabilidad penal de Hernández deberá ser determinada por los tribunales mediante el debido proceso, mientras el expediente continúa generando atención política y judicial en Honduras.
