El Ministerio Público (MP) emitió este miércoles un comunicado oficial en el que reafirmó su posición institucional dentro del proceso penal conocido como Pandora II, en el que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La institución aseguró que continuará ejerciendo la acción penal conforme a las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes hondureñas.

En el pronunciamiento, el órgano acusador recordó que durante la audiencia de declaración de imputado solicitó al juez competente la imposición de la medida de detención judicial contra Hernández. La petición estuvo sustentada, según explicó el MP, en la gravedad de los delitos imputados, la eventual pena que podrían conllevar y el riesgo de que el acusado pudiera obstaculizar el desarrollo de la investigación.

No obstante, la institución precisó que fue el juez de la causa quien resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial. En ese sentido, el Ministerio Público enfatizó que las decisiones relacionadas con la situación procesal de los imputados corresponden de manera exclusiva al órgano jurisdiccional, conforme al principio de independencia judicial establecido en el ordenamiento jurídico hondureño.

El comunicado también subraya que el Ministerio Público actúa con independencia técnica y funcional, sin recibir instrucciones de otras entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, recordó que fue esta institución la que dirigió las investigaciones iniciales y presentó el requerimiento fiscal que dio origen al proceso penal identificado como Pandora II.

Respecto a las declaraciones emitidas en los últimos días por otras instituciones y funcionarios públicos vinculados al caso, el MP aclaró que dichas posiciones son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan ni modifican la postura oficial del ente acusador. Agregó que su actuación continuará guiándose por el respeto al debido proceso y por los mecanismos legales previstos en la legislación nacional.

La Fiscalía confirmó además que durante la audiencia inicial fijada para el 12 de agosto de 2026 presentará ante el juez competente los elementos probatorios que considera suficientes para sustentar la acusación formulada contra el exmandatario. Esa etapa procesal será determinante para que el órgano jurisdiccional valore si existen indicios racionales suficientes para que el proceso continúe hacia las siguientes fases judiciales.

El caso Pandora II se desarrolla de manera independiente al proceso por narcotráfico por el cual Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos en 2024. En Honduras, el exgobernante enfrenta una investigación relacionada con el presunto desvío de fondos públicos y operaciones de lavado de activos, acusaciones sobre las cuales mantiene el derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por los tribunales competentes.

Con este nuevo pronunciamiento, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la persecución penal en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Asimismo, informó que toda comunicación oficial relacionada con el desarrollo del caso será difundida únicamente a través de sus canales institucionales.