La comparecencia judicial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), prevista para este lunes en el marco del caso Pandora II, enfrenta un escenario de incertidumbre luego de que el juez natural designado para conocer la causa se declarara sin competencia. La decisión abrió un nuevo capítulo procesal que mantiene en suspenso la realización de la audiencia de declaración de imputado, programada para las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales y por el equipo legal del exmandatario, la diligencia continúa oficialmente en agenda mientras el Poder Judicial resuelve un recurso de reposición presentado por la defensa. Dicho recurso busca revertir la decisión del juez natural y mantener el expediente bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de remitirlo al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

La controversia surgió después de que el magistrado designado como juez natural concluyera que el proceso ya no corresponde a la competencia del máximo tribunal, al considerar que la investigación no involucra actualmente a un alto funcionario que justifique ese fuero especial. Esta determinación fue emitida apenas días antes de la audiencia, provocando un cambio inesperado en el desarrollo del caso.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el recurso presentado por la defensa pretende que sea la Corte Suprema la que continúe conociendo el proceso. La legislación hondureña establece que el Supremo conoce las causas contra altos funcionarios del Estado y diputados, condición que Hernández ostentaba durante el período en que, según la acusación del Ministerio Público, ocurrieron los hechos investigados.

El denominado caso Pandora II deriva de una investigación iniciada por la Fiscalía en 2023 y está relacionado con el supuesto desvío de aproximadamente 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013. Según las pesquisas, esos recursos habrían sido utilizados para actividades vinculadas con la campaña política de ese período, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional. En este mismo expediente, el expresidente Porfirio Lobo Sosa obtuvo previamente un sobreseimiento definitivo.

Tras conocerse la decisión del juez natural, Hernández reaccionó públicamente mediante sus redes sociales, donde cuestionó el cambio de criterio del magistrado y preguntó qué motivó esa modificación. El exgobernante insistió en que el proceso no debe responder a intereses políticos y reiteró que espera un tratamiento imparcial por parte del sistema de justicia hondureño.

La audiencia de declaración de imputado representa una de las primeras etapas del procedimiento penal en Honduras. Durante esta diligencia, el juez comunica formalmente al imputado los hechos que le atribuye el Ministerio Público y analiza la procedencia de las medidas cautelares que puedan corresponder conforme a la legislación nacional.

El proceso judicial se desarrolla pocos días después del regreso de Hernández al país, ocurrido el pasado 26 de julio, luego de haber permanecido en Estados Unidos desde su extradición en abril de 2022. En territorio estadounidense fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico; sin embargo, esa sentencia quedó sin efecto tras el indulto total otorgado por el presidente Donald Trump el 1 de diciembre de 2025.

El retorno del exmandatario ha colocado nuevamente su situación judicial en el centro del debate político y jurídico hondureño. Diversos sectores consideran que este proceso pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para actuar con independencia y apego al debido proceso, independientemente de la relevancia política de los involucrados.

En ese contexto, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó recientemente que el expediente representa un desafío para la justicia hondureña. A su juicio, las actuaciones de los tribunales deberán demostrar que las decisiones judiciales se adoptan sin privilegios ni tratamientos diferenciados para quienes ocuparon los más altos cargos del Estado.

Mientras se resuelve la controversia sobre la competencia del tribunal, tanto la defensa como las autoridades judiciales permanecen a la espera de la resolución que definirá qué órgano jurisdiccional continuará conociendo el caso. Esa decisión será determinante para establecer el rumbo inmediato del proceso y la realización de la audiencia prevista para este lunes.

El desarrollo del caso Pandora II es seguido con atención tanto a nivel nacional como internacional, debido a los antecedentes judiciales del expresidente y al impacto institucional que podría tener la resolución. El desenlace de las actuaciones procesales marcará una nueva etapa en uno de los expedientes de mayor relevancia política y jurídica que enfrenta actualmente el sistema de justicia hondureño.