El Ministerio Público informó este miércoles la presentación de un requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, quien se desempeñó como secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. La acción fue promovida por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEPRODDHH), como resultado de una investigación sobre presuntas vulneraciones a la libertad de prensa.

De acuerdo con la información oficial, el expediente se originó a partir de denuncias relacionadas con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional vinculado al ámbito castrense. Dichos contenidos fueron cuestionados por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al considerar que podrían constituir una campaña de descrédito contra comunicadores.

Como parte de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía, se recopilaron denuncias formales presentadas por las personas afectadas y se practicaron actuaciones prejudiciales orientadas a verificar los hechos denunciados. Asimismo, el Ministerio Público indicó que se incorporaron diversos elementos de prueba para sustentar la acción penal.

Entre las actuaciones investigativas figura la realización de un peritaje especializado sobre material audiovisual y contenido digital relacionado con el caso. Además, los fiscales efectuaron la recolección de testimonios y otros medios probatorios que pasaron a integrar el expediente bajo análisis.

La Fiscalía Especial señaló que la investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación hondureña y respetando las garantías del debido proceso. El objetivo, explicó la institución, fue determinar si existían elementos suficientes para promover la acción penal correspondiente.

El Ministerio Público recordó que la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República y por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Honduras, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, mediante instrumentos que garantizan el ejercicio libre de la actividad periodística.

En ese contexto, la institución enfatizó que la protección de estos derechos no se limita a su reconocimiento legal, sino que requiere la actuación de los órganos competentes cuando existen denuncias sobre posibles afectaciones al ejercicio profesional del periodismo o a la libertad de expresión.

Las autoridades también señalaron que la presentación del requerimiento fiscal no constituye una declaración de culpabilidad, sino el inicio de una etapa judicial en la que corresponderá a los tribunales competentes valorar las pruebas aportadas por las partes y resolver conforme al marco jurídico vigente.

El Ministerio Público reiteró que ninguna persona que haya ejercido funciones públicas está exenta del control de legalidad ni de la obligación de responder ante la justicia cuando existan investigaciones sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales o la eventual comisión de delitos.

Asimismo, la institución indicó que continuará informando sobre el desarrollo del proceso en la medida en que la reserva legal del expediente y las normas procesales lo permitan, con el propósito de garantizar la transparencia sin afectar la investigación en curso.

Diversos organismos nacionales e internacionales han sostenido que la protección del periodismo constituye un elemento esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho y el funcionamiento de una sociedad democrática, al permitir el acceso de la ciudadanía a información de interés público y el escrutinio de la gestión estatal.

Con la presentación de este requerimiento fiscal, el caso pasa ahora a la jurisdicción de los órganos judiciales competentes, donde se desarrollarán las siguientes etapas procesales previstas en la legislación hondureña, mientras el Ministerio Público continúa con las actuaciones que correspondan dentro del marco legal.