El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió al paso de las críticas dirigidas contra los recientes juicios políticos impulsados por el Poder Legislativo y aseguró que cada uno de los procesos se desarrolló respetando las garantías constitucionales y los principios del debido proceso establecidos en la legislación hondureña.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el titular del Parlamento afirmó que las personas sometidas a juicio político contaron con todas las etapas procesales correspondientes, incluyendo el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la celebración de audiencias y los plazos legales para la presentación y evacuación de pruebas.
Según Zambrano, quienes decidieron comparecer ante el Congreso tuvieron la oportunidad de ejercer plenamente su defensa, mientras que aquellos que optaron por no asistir lo hicieron por decisión propia. En ese sentido, insistió en que el procedimiento se desarrolló conforme a las normas aprobadas por el Legislativo.
El presidente del Congreso explicó además que la reciente regulación del juicio político incorporó observaciones derivadas de estándares internacionales en materia de garantías judiciales. Indicó que estos cambios buscan fortalecer la seguridad jurídica de los funcionarios sometidos a este mecanismo de control político.
Entre las modificaciones, destacó que el decreto mediante el cual se aprobaron las destituciones incluye una disposición que reconoce expresamente el derecho de las personas afectadas a presentar un recurso de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes, una garantía que, según señaló, no estaba prevista de forma expresa en la normativa anterior.
Como ejemplo, Zambrano mencionó el caso del exfiscal general Johel Zelaya, destituido por el Congreso Nacional el pasado 25 de marzo durante el primer juicio político realizado en Honduras. El legislador indicó que el exfuncionario ya hizo uso de ese mecanismo legal al interponer un recurso de amparo, lo que, a su juicio, demuestra que el acceso a la tutela judicial efectiva está garantizado.
El titular del Legislativo también rechazó las críticas de sectores que sostienen que las destituciones carecieron de garantías procesales. Afirmó que quienes cuestionan el procedimiento desconocen el contenido de los decretos aprobados y reiteró que el Congreso actuó conforme al marco jurídico vigente.
Asimismo, informó que el Congreso Nacional continúa a la espera de informes oficiales por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República sobre otros asuntos relacionados con estos procesos, al tiempo que aseguró que el Poder Legislativo mantiene completos los expedientes correspondientes a cada caso.
Las declaraciones de Zambrano se producen en un contexto de intenso debate sobre el alcance constitucional del juicio político en Honduras, una figura incorporada recientemente al ordenamiento jurídico como mecanismo para exigir responsabilidades políticas a altos funcionarios del Estado. Diversos sectores consideran que su aplicación marcará precedentes sobre la relación entre los poderes públicos y el sistema de pesos y contrapesos institucionales.
Además del exfiscal general Johel Zelaya, el Congreso Nacional aprobó mediante juicio político la destitución del entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como del magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y de los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Estos casos permanecen bajo seguimiento debido a los recursos legales interpuestos y al debate jurídico que continúa generando la aplicación de este nuevo mecanismo constitucional.
