La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, publicó una nueva edición de su columna de opinión "Disculpen mi Castellano", en la que analiza el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández al país y plantea una severa crítica sobre el momento político e institucional que atraviesa Honduras.

Bajo el título "El acusado no está solo", la abogada sostiene que el regreso del exmandatario representa uno de los episodios más trascendentales para la institucionalidad hondureña en los últimos años, al considerar que el país enfrenta nuevamente el desafío de responder a las demandas de justicia relacionadas con su gestión.

En el texto, Castellanos afirma que Hernández no vuelve únicamente como el exgobernante que fue extraditado hacia Estados Unidos, sino respaldado por un indulto que, según su valoración, tiene implicaciones políticas y jurídicas que trascienden las fronteras hondureñas y colocan nuevamente bajo escrutinio a las instituciones nacionales.

La titular del CNA sostiene que el exmandatario regresó con la seguridad de quien considera que los acuerdos políticos pueden imponerse sobre la administración de justicia. Asimismo, cuestiona el multitudinario recibimiento organizado por simpatizantes del Partido Nacional, al interpretar esa movilización como una muestra de respaldo que, a su juicio, deja de lado los señalamientos que marcaron el período de gobierno del expresidente.

En su reflexión, Castellanos señala que el retorno de Hernández no debe analizarse únicamente desde la óptica política, sino también como una prueba para el sistema judicial hondureño, al que considera responsable de demostrar si posee la independencia necesaria para investigar y resolver los procesos pendientes conforme a derecho.

La abogada también realiza un repaso sobre el funcionamiento histórico del sistema de justicia en Honduras, afirmando que durante décadas este ha estado sujeto a la influencia de intereses políticos. Según expone, esa situación debilitó la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Uno de los pasajes más contundentes de la columna sostiene que durante la administración conocida como el "johismo", el aparato judicial habría operado favoreciendo la impunidad, permitiendo —según su opinión— la protección de actos de corrupción y limitando el accionar contra quienes ejercían el poder.

A partir de ese contexto, Castellanos plantea una interrogante central: si un sistema judicial que, según su criterio, fue moldeado durante años bajo la influencia política, está en condiciones de actuar con independencia frente a quien encabezó el Poder Ejecutivo durante ocho años.

En ese sentido, afirma que el Poder Judicial enfrenta una decisión trascendental para su credibilidad institucional. En su análisis, identifica dos escenarios posibles: el primero, archivar o dejar sin efecto las investigaciones pendientes; y el segundo, impulsar las diligencias judiciales conforme al marco legal, sin considerar que un indulto concedido en otro país extinga automáticamente eventuales responsabilidades que puedan existir en Honduras.

La directora del CNA sostiene que únicamente una actuación independiente permitirá fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que una eventual inacción podría profundizar la percepción de impunidad que, según diversos estudios nacionales e internacionales, ha afectado históricamente al sistema de justicia hondureño.

En otro de los apartados de su columna, Castellanos cuestiona que parte de la población interprete el respaldo político recibido por Hernández como una reivindicación de su figura pública. Desde su perspectiva, el apoyo de sus simpatizantes no elimina los cuestionamientos formulados durante y después de su administración.

La jurista también argumenta que un indulto otorgado por autoridades extranjeras no implica, por sí mismo, que desaparezcan las investigaciones o procesos que pudieran corresponder dentro del ordenamiento jurídico hondureño, insistiendo en que corresponde exclusivamente a los tribunales nacionales determinar cualquier eventual responsabilidad penal o administrativa.

Las declaraciones de Castellanos se producen en un contexto de amplio debate nacional, luego del regreso de Juan Orlando Hernández, un hecho que ha generado manifestaciones de respaldo por parte de sus seguidores, así como críticas de organizaciones sociales, analistas, líderes religiosos y diversos sectores de la sociedad que consideran necesario mantener vivo el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.

El retorno del exmandatario ha polarizado nuevamente la opinión pública. Mientras sus simpatizantes sostienen que fue objeto de una persecución política y celebran su regreso al país, otros consideran que persisten cuestionamientos que deben ser esclarecidos por las instancias competentes. En ese escenario, la columna de Gabriela Castellanos se suma a las múltiples voces que participan en la discusión nacional desde distintas perspectivas.