Una nueva crítica sobre la realidad nacional surgió de parte del sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como padre Melo, quien aseguró que Honduras atraviesa una situación marcada por la presencia e influencia del crimen organizado en diferentes espacios de poder.

Durante un pronunciamiento público, el religioso afirmó que “el crimen organizado es el que actualmente está gobernando Honduras”, una declaración con la que cuestionó el funcionamiento de las instituciones y la respuesta del Estado ante los problemas de seguridad y corrupción.

Las palabras del padre Melo fueron expresadas en el marco de su acompañamiento a las comunidades garífunas que mantienen un campamento de protesta en el desvío hacia Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida.

El sacerdote jesuita manifestó su respaldo a los pobladores que participan en esta acción, quienes plantean demandas relacionadas con la defensa de sus derechos colectivos, la protección de sus territorios ancestrales y la atención a conflictos que han afectado históricamente a estas comunidades.

Triunfo de la Cruz es una comunidad garífuna ubicada en la costa atlántica hondureña que ha sido escenario de reclamos vinculados al territorio y al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y una de las voces más críticas del país en temas sociales, ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de combatir la impunidad, fortalecer la justicia y proteger a las comunidades que denuncian vulneraciones.

Sus declaraciones generaron reacciones en distintos sectores debido a la gravedad de la acusación, al poner nuevamente en discusión el alcance que tienen las redes criminales y los desafíos que enfrenta Honduras para garantizar seguridad y gobernabilidad.

Mientras continúa la protesta en Atlántida, los representantes comunitarios mantienen su llamado a las autoridades para establecer mecanismos de diálogo y buscar soluciones a sus demandas, en tanto organizaciones sociales continúan dando seguimiento al conflicto.