Nueva York, Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud formal ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para aplazar una audiencia clave dentro del proceso judicial que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
La petición fue dirigida al juez federal Alvin Hellerstein, quien ha estado a cargo del caso desde sus primeras comparecencias en 2026.
Según la comunicación oficial, la audiencia prevista inicialmente para el 30 de junio de 2026 debería ser reprogramada para el 22 de julio de 2026.
El argumento central de la solicitud se basa en problemas logísticos y de programación institucional, especialmente vinculados a la organización del traslado y seguridad de los acusados.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios internacionales, la Fiscalía sostiene que se requiere más tiempo para coordinar un esquema adecuado de transporte seguro y resguardo físico.
La solicitud fue presentada el 15 de junio y cuenta con el consentimiento de los equipos legales de ambas partes, lo que reduce la posibilidad de oposición formal en la audiencia de cambio de fecha.
El caso forma parte del proceso penal que se sigue en Estados Unidos contra Maduro y Cilia Flores en la jurisdicción federal de Nueva York, bajo supervisión del juez Hellerstein.
En etapas anteriores del expediente, el tribunal ya ha realizado audiencias de comparecencia y revisión inicial del calendario procesal, además de solicitudes relacionadas con la preparación del juicio.
Fuentes judiciales citadas por medios internacionales indican que este tipo de reprogramaciones no es inusual en procesos de alta complejidad, especialmente cuando involucran a múltiples agencias de seguridad.
La nueva fecha propuesta, el 22 de julio de 2026, busca permitir la continuidad de la fase previa al juicio, que incluye el intercambio de pruebas y la presentación de mociones por ambas partes.
El documento también solicita la exclusión del período entre ambas fechas de los plazos procesales contemplados en la legislación federal estadounidense, lo que permite extender los tiempos legales sin afectar el caso.
En este tipo de procesos, la coordinación entre el Departamento de Justicia, el Servicio de Marshals y otras agencias federales es determinante para garantizar la seguridad en audiencias de alto perfil.
Medios internacionales han señalado que el expediente se mantiene en fase previa al juicio, por lo que aún no existe una fecha definida para el inicio formal del proceso principal.
Hasta el momento, ni la defensa ni la fiscalía han reportado objeciones públicas a la solicitud de aplazamiento, lo que sugiere un acuerdo procesal entre las partes involucradas.
El juez Alvin Hellerstein deberá ahora decidir si aprueba la reprogramación, en un caso que continúa generando atención internacional por su impacto político y judicial en la región.
