Tegucigalpa, Francisco Morazán. Una de las mayores operaciones policiales ejecutadas en lo que va del año permitió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) requerir a 132 personas señaladas por distintos ilícitos en varias zonas del territorio nacional. El despliegue involucró a equipos de investigación, inteligencia y seguimiento criminal que actuaron de manera coordinada para dar cumplimiento a órdenes judiciales y capturas en flagrancia.

La acción fue desarrollada mediante intervenciones simultáneas en varios departamentos del país, donde agentes especializados realizaron allanamientos, inspecciones y operativos de localización de sospechosos vinculados con delitos de diversa naturaleza. Las autoridades destacaron que el objetivo principal fue reducir la impunidad y sacar de circulación a individuos considerados generadores de violencia.

Un elemento clave de la operación fue la participación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), una dependencia recientemente incorporada a la estructura investigativa policial. Según las autoridades, esta unidad ha fortalecido las capacidades de análisis criminal, inteligencia estratégica y coordinación operativa para enfrentar organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

La Policía informó que entre los detenidos figuran personas requeridas por los tribunales de justicia mediante órdenes de captura pendientes, así como sospechosos arrestados en flagrancia durante la ejecución de los operativos. También se realizaron requerimientos relacionados con investigaciones en curso por delitos graves que afectan la seguridad pública.

De acuerdo con la DPI, la incorporación de nuevas herramientas de inteligencia y el trabajo conjunto entre las diferentes divisiones investigativas han permitido identificar objetivos prioritarios y ejecutar acciones más precisas contra estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de las capacidades operativas responde a una estrategia orientada a combatir tanto la delincuencia común como las organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas que generan temor e incertidumbre en la población hondureña. En ese sentido, destacaron que la cooperación entre unidades especializadas ha sido determinante para aumentar la efectividad de las investigaciones.

Tras su captura, los 132 detenidos fueron remitidos ante las instancias judiciales correspondientes para continuar con el procedimiento legal establecido. Será ahora el Ministerio Público y los tribunales competentes quienes determinarán la responsabilidad individual de cada uno de los imputados conforme a las pruebas presentadas en cada expediente.

La DPI aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de seguridad y advirtió que los operativos continuarán desarrollándose en sectores considerados prioritarios. La institución reiteró su compromiso de mantener una política de combate frontal contra el crimen organizado, las redes de extorsión y cualquier actividad delictiva que represente una amenaza para la tranquilidad de la población.