La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe oficial sobre los procesos de liquidación, supresión y adscripción de diversas dependencias gubernamentales, una tarea encomendada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 04-2026 como parte de la reorganización de la administración pública impulsada por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
Durante una comparecencia realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, los integrantes de la comisión expusieron los avances alcanzados en materia financiera, administrativa y patrimonial, además de informar sobre una serie de hallazgos que, a criterio del organismo, requieren una investigación exhaustiva por parte de las entidades fiscalizadoras del Estado.
El coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, explicó que las evaluaciones realizadas durante los primeros meses de trabajo permitieron identificar situaciones que podrían representar posibles responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales, razón por la cual se solicitó la intervención del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Ministerio Público.
Uno de los principales resultados expuestos fue el proceso de pago de prestaciones laborales derivado de la reestructuración institucional. Según el informe, se desembolsaron más de 126.4 millones de lempiras para cubrir obligaciones con exservidores públicos, quedando pendiente una cifra cercana a los 5.5 millones de lempiras.
La comisión también destacó que la cancelación de contratos de arrendamiento considerados innecesarios ha generado un ahorro mensual superior a los 2.9 millones de lempiras, lo que representa una reducción anual estimada de más de 35 millones de lempiras para las finanzas estatales.
Sin embargo, el aspecto que generó mayor atención durante la presentación fue la identificación de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. Entre los hallazgos se encuentran gastos relacionados con alimentación, material promocional y servicios de difusión que, según los comisionados, podrían haber sido utilizados con fines político-partidarios.
Asimismo, se detectaron casos de personal que permanecía en planillas institucionales sin que existiera evidencia documental suficiente sobre la prestación efectiva de servicios. La situación será objeto de análisis por parte de los órganos competentes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles perjuicios al Estado.
Otro de los temas señalados en el informe corresponde a la desaparición de memorias de almacenamiento y discos duros pertenecientes a equipos institucionales. La comisión advirtió que no se trata únicamente de la pérdida de activos físicos, sino también de información pública cuyo paradero es desconocido.
Los comisionados manifestaron preocupación por el posible impacto que esta situación podría tener sobre la transparencia y la preservación de registros oficiales, por lo que anunciaron la presentación de denuncias formales para esclarecer los hechos y determinar quiénes serían responsables de la desaparición de esos dispositivos.
Dentro de la documentación revisada también surgieron observaciones relacionadas con contratos de transmisión y difusión institucional. Según los datos presentados, algunas facturas reflejan costos que alcanzarían aproximadamente los 70 mil lempiras por minuto de transmisión, cifras que serán sometidas a auditorías técnicas y financieras para verificar su razonabilidad.
La comisión precisó que estos expedientes serán remitidos a especialistas y organismos de control con el propósito de determinar si existió sobrevaloración de servicios o algún tipo de afectación patrimonial contra el Estado hondureño.
En el ámbito cultural, el informe incluyó observaciones sobre la Dirección General de Cinematografía, entidad que habría manejado recursos superiores a los 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales. Los comisionados indicaron que se evaluará la relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos por la población.
También se refirieron al Instituto de la Memoria, donde, según los hallazgos preliminares, se encontró escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención. La información recopilada será revisada para determinar el alcance de las actividades desarrolladas por dicha institución.
Otro de los puntos abordados fue la situación del Hospital Neonatal de Occidente, proyecto financiado con fondos públicos y cooperación internacional. De acuerdo con documentación del Tribunal Superior de Cuentas, la obra presenta un avance físico cercano al 27 %, pese a que los desembolsos efectuados superan los 118 millones de lempiras.
La comisión expresó preocupación por el estado del equipamiento biomédico adquirido para ese centro asistencial, ya que parte de los equipos permanece almacenada mientras continúan corriendo los plazos de garantía establecidos por los fabricantes.
Según se informó, esta situación podría generar riesgos financieros y operativos para el proyecto, además de eventuales observaciones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo vinculado al financiamiento de la iniciativa hospitalaria.
En materia patrimonial, la Comisión Técnica Liquidadora reportó la transferencia de 5,083 bienes estatales valorados en aproximadamente 38.6 millones de lempiras hacia distintas instituciones públicas, con el objetivo de optimizar el uso de recursos y evitar gastos adicionales en nuevas adquisiciones.
Finalmente, los comisionados aseguraron que el proceso de reorganización estatal busca fortalecer la eficiencia del sector público, reducir gastos operativos y redirigir recursos hacia áreas estratégicas como salud, educación e infraestructura. Asimismo, reiteraron que todos los hallazgos documentados serán remitidos a las autoridades competentes para que determinen la existencia de posibles responsabilidades y adopten las acciones legales que correspondan.
