El Gobierno del presidente Nasry Asfura inició una campaña de divulgación para explicar a la población el alcance de las reformas aprobadas recientemente por el Congreso Nacional en materia de seguridad. Las autoridades sostienen que las medidas marcan el inicio de una nueva etapa en la lucha contra las maras, pandillas y redes del crimen organizado que durante años han afectado a comerciantes, transportistas y comunidades enteras del país.
Entre los cambios más relevantes figura el endurecimiento de las penas por el delito de extorsión. Las reformas establecen condenas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes participen en este ilícito, mientras que los casos en los que la víctima fallezca como consecuencia de las amenazas o acciones criminales podrán ser castigados con prisión perpetua. Además, la tentativa de extorsión también será perseguida penalmente, aunque el pago exigido no llegue a concretarse.
Otro de los aspectos destacados es que las autoridades podrán iniciar investigaciones y procesos judiciales aun cuando la víctima no presente una denuncia formal. Según el Gobierno, esta disposición busca superar el temor que muchas personas sienten al denunciar a grupos criminales que operan mediante amenazas, intimidación y control territorial.
Las reformas también incorporan un nuevo enfoque jurídico para enfrentar a las estructuras criminales. Con la entrada en vigor del Decreto 84-2026, las maras y pandillas pasan a ser consideradas asociaciones terroristas cuando ejerzan control sobre territorios, generen terror entre la población o utilicen la violencia para imponer sus actividades ilícitas. Las autoridades consideran que esta clasificación amplía las herramientas legales para perseguir a integrantes, cabecillas y redes de financiamiento.
Como parte de la estrategia gubernamental, se creó la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva entidad adscrita al sistema de seguridad nacional que tendrá funciones especializadas en inteligencia, investigación criminal, análisis tecnológico y rastreo financiero. El objetivo es identificar flujos de dinero ilícito y desarticular las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales.
Las autoridades también confirmaron que la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas trabajarán de manera coordinada en operaciones contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras consideradas terroristas. El Gobierno sostiene que la cooperación entre ambas instituciones permitirá ampliar la presencia estatal en zonas de alta incidencia delictiva y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas complejas.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia y la actividad de grupos criminales en Honduras. Mientras el Ejecutivo defiende las reformas como herramientas necesarias para recuperar el control territorial y proteger a la ciudadanía, diversos organismos nacionales e internacionales han señalado la importancia de que la aplicación de estas medidas se realice dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales.
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