La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) emitió un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación por el futuro proceso de aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, advirtiendo sobre riesgos de injerencia político-partidaria en el sistema de justicia hondureño.

A través de un comunicado difundido este martes, la organización sostuvo que la creación de una nueva normativa debe orientarse a fortalecer la independencia judicial y separar claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro del Poder Judicial. La AJD considera que esta reforma es clave para modernizar la administración de justicia y evitar presiones externas sobre jueces y magistrados.

La asociación recordó que en febrero de 2026 presentó ante la Corte Suprema de Justicia un anteproyecto de ley con diversas propuestas relacionadas con el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. En ese sentido, pidió que sus planteamientos sean incorporados en el documento final que eventualmente será remitido al Congreso Nacional de Honduras para discusión y aprobación.

Entre las principales recomendaciones, la AJD propuso establecer un régimen reforzado de carrera judicial, donde el ingreso y ascenso de jueces se realice exclusivamente mediante concursos públicos anuales y bajo criterios estrictamente técnicos. Según la organización, esto permitiría reducir prácticas discrecionales y fortalecer la meritocracia dentro del sistema judicial.

Asimismo, el gremio planteó una reforma integral al régimen disciplinario judicial. La asociación argumentó que el modelo actual compromete la apariencia de imparcialidad, debido a que la Corte Suprema participa en distintas etapas de supervisión, investigación y sanción disciplinaria. Por ello, propuso la creación de juntas de disciplina autónomas e independientes.

Otro de los puntos centrales del comunicado se refiere a la integración del futuro Consejo de la Judicatura. La AJD sostuvo que, conforme a la sentencia emitida por la Sala Constitucional en 2016, los miembros de este órgano deben ser electos por el pleno de la Corte Suprema y no por el Congreso Nacional, ya que hacerlo de otra manera violentaría el principio de separación de poderes.

La organización también defendió que el nuevo Consejo sea presidido por quien ocupe la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo modelos aplicados en otros países. A criterio de la AJD, excluir a la titularidad de la Corte del funcionamiento del Consejo abriría espacio a una mayor influencia política sobre el Poder Judicial hondureño.

En su posicionamiento, la Asociación de Jueces por la Democracia rechazó además cualquier intento de repetir el esquema del extinto Consejo de la Judicatura derogado en 2016, al que calificó como una experiencia “nefasta” por presuntas violaciones a derechos de jueces y magistrados. Finalmente, la organización se declaró en alerta ante cualquier intento de “captura y cooptación” del sistema judicial y lanzó un mensaje directo contra la intervención política: “Fuera manos de los políticos en el Poder Judicial”.