La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reiteró este martes la importancia de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad tras la captura de tres nuevos acusados por el asesinato del ambientalista hondureño Juan López.
En un pronunciamiento público, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la persistencia de la impunidad frente a este tipo de ataques debilita el Estado de derecho y favorece la repetición de graves violaciones a los derechos humanos.
El organismo internacional subrayó que avanzar en investigaciones diligentes, imparciales y transparentes resulta clave para prevenir nuevos hechos de violencia contra defensores ambientales y líderes comunitarios.
Las declaraciones de Naciones Unidas se produjeron luego de la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y de otros dos hombres señalados por el Ministerio Público en relación con el asesinato ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
Junto a Fúnez fueron detenidos Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes enfrentan cargos por el delito de asociación para delinquir.
Las autoridades hondureñas indicaron que las investigaciones apuntan a que uno de los acusados habría actuado como supuesto autor intelectual del crimen contra el líder ambientalista.
El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, manifestó que las pesquisas desarrolladas por los cuerpos investigativos permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.
Los tres acusados comparecieron este martes ante un juez en la ciudad de La Ceiba y posteriormente fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa.
Las autoridades judiciales programaron para el próximo viernes una audiencia inicial en San Pedro Sula, donde continuará el proceso legal contra los imputados.
La OACNUDH también enfatizó la necesidad de respetar el debido proceso, proteger a víctimas y testigos y garantizar mecanismos de reparación integral y garantías de no repetición.
El organismo recordó además que quienes defienden el medioambiente suelen enfrentar altos niveles de riesgo, especialmente en contextos marcados por disputas territoriales y conflictos relacionados con recursos naturales.
Juan López era reconocido en la zona de Tocoa por su liderazgo comunitario y por sus denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y actividades extractivas en el departamento de Colón.
Horas antes de ser asesinado, López había solicitado públicamente la renuncia de Adán Fúnez, a quien vinculaba con supuestos actos irregulares dentro de la administración municipal.
El ambientalista también mantenía una postura crítica frente al proyecto minero conocido como Guapinol, al considerar que existían irregularidades en la concesión otorgada para la explotación minera en la zona.
Debido a las amenazas y riesgos que enfrentaba, López contaba con medidas cautelares otorgadas desde 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso ha generado atención nacional e internacional debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientales en Honduras y a los antecedentes de conflictos vinculados a proyectos extractivos.
Por este mismo crimen ya enfrentan juicio otros tres hombres señalados como presuntos autores materiales del asesinato del líder comunitario.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente los hechos y deducir responsabilidades a todos los involucrados.
El asesinato de Juan López se convirtió en uno de los casos más emblemáticos relacionados con la defensa ambiental y la violencia contra líderes sociales en Honduras durante los últimos años.
