En el marco del juicio político contra funcionarios electorales, el abogado José Antonio Barahona compareció este martes como testigo ante la comisión especial del Congreso Nacional de Honduras.

Su participación se centró en exponer una serie de señalamientos relacionados con el trato que, según afirmó, recibió su hija, la magistrada Miriam Barahona, recientemente fallecida tras padecer una enfermedad.

Durante su intervención, Barahona responsabilizó directamente al magistrado Mario Morazán de mantener una conducta reiterada de insultos e improperios contra su hija desde su llegada al cargo.

El testigo relató que, en diversas ocasiones, intentó intervenir personalmente para frenar la situación, pero que la magistrada le pidió que no se involucrara, asegurando que ella misma enfrentaría el problema.

Según su testimonio, los señalamientos y expresiones ofensivas eran constantes, lo que generó un ambiente de presión dentro del ámbito institucional.

Barahona también vinculó este contexto con el deterioro de la salud de su hija, indicando que durante ese período le fue detectada una enfermedad hepática que requería atención especializada.

Explicó que la magistrada inició trámites para someterse a un trasplante de hígado, el cual estaba programado para octubre de 2025 en Colombia.

No obstante, aseguró que en ese mismo período, entre septiembre y octubre, se habrían impulsado acciones legales en su contra, incluyendo un intento de requerimiento fiscal para emitir una orden de captura.

De acuerdo con su relato, ante esta situación se tomó la decisión de trasladarla fuera del país en condiciones delicadas de salud, primero hacia Guatemala.

El abogado afirmó que su hija llegó en estado crítico, lo que complicó aún más su recuperación y redujo las posibilidades de someterse al procedimiento médico previsto.

Añadió que, a partir de noviembre de 2025, el estado de salud de la magistrada se agravó considerablemente, con un pronóstico reservado que finalmente derivó en su fallecimiento.

Finalmente, Barahona solicitó que se promuevan acciones legales contra Morazán, advirtiendo que una eventual destitución sin requerimientos fiscales podría, a su juicio, traducirse en impunidad dentro del caso.