El fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, informó la noche de este miércoles que no asistirá a la comparecencia programada para este jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana ante el pleno del Congreso Nacional de Honduras, en el marco del juicio político que enfrenta tras ser suspendido de su cargo.

A través de una comunicación oficial difundida en su cuenta de la red social X, Zelaya dirigió una carta al secretario del Legislativo, Carlos Roberto Ledezma Casco, en la que explicó las razones de su decisión, señalando que el proceso ha estado marcado por supuestas irregularidades que vulneran principios fundamentales del Estado de derecho.

En el documento, el funcionario suspendido argumentó que no comparecerá debido a que el juicio político se ha desarrollado “de forma acelerada”, sin garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa ni la igualdad de condiciones. Según su postura, estas deficiencias invalidan la legitimidad de la convocatoria.

Zelaya también cuestionó la rapidez con la que se ha llevado a cabo el procedimiento, afirmando que en menos de 48 horas se presentó la moción para iniciar el juicio político, se evacuaron testimonios de siete testigos y se elaboró un informe que recomienda su destitución permanente, todo sin permitir una adecuada repregunta a los comparecientes.

El fiscal suspendido sostuvo que estas acciones evidencian una falta de objetividad en el proceso, señalando además que su situación responde a intereses particulares que lo consideran “un estorbo”, sin detallar a qué sectores se refería.

En ese contexto, aseguró que su ausencia en la convocatoria responde a una postura de principios, al considerar que su presencia implicaría legitimar un procedimiento que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales y garantías constitucionales.

A pesar de su negativa a asistir, Zelaya expresó en su misiva respeto hacia la institucionalidad del país, dejando constancia formal de su posición frente a lo actuado por la comisión especial y el pleno del Legislativo.

El caso del fiscal general se enmarca en un escenario político tenso, donde el uso del juicio político ha generado debate sobre su aplicación, alcances y posibles implicaciones en la independencia de los poderes del Estado en Honduras.