El pleno del Congreso Nacional aprobó este lunes la admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, ordenando su suspensión temporal mientras se sigue el procedimiento legal. Este hecho marca un hito histórico, ya que se trata del primer alto funcionario en Honduras sometido a un juicio político.
La decisión contó con el respaldo de cuatro de las cinco bancadas representadas en el Legislativo, que suman la mayoría calificada necesaria para dar trámite al proceso. La denuncia señala presuntas irregularidades en la actuación de Zelaya, particularmente durante el proceso electoral de 2025, y posibles violaciones a la Constitución y la ley.
Durante la lectura de la denuncia en el pleno, se registraron momentos de tensión, con empujones y forcejeos entre diputados de Libre y otros partidos, quienes incluso lanzaron pólvora dentro del hemiciclo, generando escenas caóticas y obligando a reforzar la seguridad y el orden en el recinto.
El fiscal general será sustituido temporalmente por el fiscal adjunto Marcio Cabañas, mientras se desarrolla la investigación que determinará si Zelaya incurrió en faltas que ameriten su destitución definitiva. Esta suspensión permite que el proceso continúe sin interferencias directas del acusado.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriel Castellanos, había señalado más temprano que era imprescindible que el Congreso iniciara los juicios políticos, anticipando que tras la posible convocatoria del consejero Marlon Ochoa, el siguiente en ser llamado sería el fiscal general.
Según la Ley Especial de Juicio Político, la investigación será realizada por una comisión especial que recabará pruebas, escuchará descargos y presentará un informe final que deberá ser votado por el pleno del Congreso, requiriéndose mayoría calificada en todas las etapas.
Zelaya enfrenta acusaciones de actuaciones contrarias a la Constitución y de haber afectado la independencia de otras instituciones como el CNE y el TJE durante procesos críticos, lo que genera un debate sobre la imparcialidad del Ministerio Público en asuntos electorales.
El hecho de que sea el primer alto funcionario sometido a juicio político en Honduras pone de relieve la importancia histórica del procedimiento, y marca un precedente legal y político para la rendición de cuentas en el país, aumentando la atención de medios, organismos internacionales y la ciudadanía.
Mientras se espera el desarrollo del proceso, distintos sectores políticos y sociales observan con atención los pasos de esta investigación, que podría culminar con la destitución definitiva de Zelaya, consolidando el juicio político como un mecanismo de control institucional efectivo en Honduras.
