Este jueves 19 de marzo de 2026, el gobierno hondureño recibió oficialmente el Informe Anual 2025 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en un acto presidido por el mandatario Nasry Asfura y autoridades del organismo defensor de derechos fundamentales. La presentación del documento se realizó en Tegucigalpa y contó con la presencia de representantes del sector público y sociedad civil.
El informe contiene un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en Honduras durante 2025, registrando más de 200 quejas relacionadas con temas como el derecho a la salud, educación, vivienda y violencia contra diversos grupos poblacionales. Este compendio de datos y observaciones será utilizado como base técnica para orientar políticas públicas y estrategias gubernamentales en favor de la población.
El presidente Asfura, al recibir el informe, reiteró el compromiso de su administración con la protección, respeto y promoción de los derechos humanos, enfatizando que estos principios deben estar al centro de las acciones del Estado y no solo como un mandato institucional.
“Estamos conscientes de la necesidad, estamos claros de que debemos cambiar y mejorar; es un gran compromiso”, afirmó el mandatario durante la ceremonia, al tiempo que aseguró que la administración trabajará para fortalecer las instituciones y avanzar con responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales de todos los hondureños.
El informe del CONADEH también aborda temas sensibles como denuncias de violencia contra mujeres, desapariciones y posibles efectos de medidas como el estado de excepción en años anteriores, con el objetivo de visibilizar estas problemáticas y fomentar soluciones orientadas al respeto y garantía de derechos.
Representantes del organismo defensor señalaron que la entrega de este informe es un momento clave para identificar los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y orientar acciones concretas que permitan mejorar las condiciones sociales y jurídicas de la población.
Entre las prioridades señaladas por Asfura tras la recepción del documento está el reforzamiento del presupuesto destinado a instituciones de derechos humanos, mejorar mecanismos de respuesta estatal y ampliar el diálogo con diferentes sectores para promover un enfoque más inclusivo en la protección de libertades y garantías.
El Ejecutivo hondureño destacó que la discusión y análisis de este informe no termina con su presentación, sino que será un insumo clave para el diseño de políticas públicas y reformas institucionales, con miras a construir una Honduras más justa, transparente y respetuosa de los derechos humanos.
