La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante 2025, en el contexto del estado de excepción implementado por el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro como parte de su estrategia de seguridad.

Según el informe presentado por el organismo internacional, se registraron ocho casos de desaparición forzada, cinco de tortura, tres ejecuciones extrajudiciales y dos muertes bajo custodia del Estado. En todos los hechos documentados habría presunta participación de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

La investigación se elaboró a partir de 82 misiones de verificación realizadas en el terreno por personal de Naciones Unidas. Estas incluyeron 19 visitas a centros penitenciarios, además de consultas con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas.

El documento señala que muchas de las violaciones habrían ocurrido durante allanamientos y detenciones efectuadas sin orden judicial, procedimientos que fueron posibles bajo la discrecionalidad que otorga el estado de excepción.

Al menos 13 de los casos documentados se registraron en Choluteca, Intibucá, San Pedro Sula y Yoro, así como en los departamentos de Francisco Morazán y Olancho. Según el informe, los operativos habrían sido realizados por fuerzas policiales y militares para obtener información sobre presunta vinculación de las víctimas con pandillas o maras, así como confesiones relacionadas con delitos como extorsión, drogas o posesión de armas.

Un día después de la publicación del informe, medios locales informaron que la Corte Suprema de Justicia acordó “sobreseer el estado de excepción”. Aunque el tribunal no emitió una comunicación oficial detallando los alcances de la decisión, analistas consideran que podría interpretarse como una posible amnistía para autoridades involucradas en abusos durante los 24 meses que estuvo vigente la medida.

El estado de excepción fue decretado en diciembre de 2022 tras un aumento en las denuncias por extorsión. Desde entonces fue prorrogado en 24 ocasiones por el Gobierno hondureño, una política inspirada en la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, el informe señala que, pese a una reducción del 10,24 % en la tasa de homicidios durante 2025, no existe evidencia clara de que esta disminución esté relacionada con el estado de excepción. Diversas fuentes sostienen que la caída de los homicidios podría estar más vinculada al fortalecimiento del control territorial de la pandilla MS-13 que a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.