Tegucigalpa, 1 de marzo de 2026. – La tensión entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Congreso Nacional escaló este fin de semana luego de que el consejero Marlon Ochoa afirmara que continuará ejerciendo su cargo conforme a la ley, pese a la posibilidad de que se le promueva un juicio político en el Legislativo.

Ochoa manifestó públicamente que no cree en la justicia en relación con el debate que se desarrolla en el Congreso, al considerar que no se está abordando el fondo del asunto ni el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa especial que regula este tipo de procesos.

“No creo en la justicia, en función de las discusiones que ha habido no se está discutiendo el fondo y ni siquiera si se tienen los votos o no. El juicio tiene un procedimiento reconocido en la ley especial, y ni siquiera se está discutiendo”, expresó el consejero electoral.

Ante estas declaraciones, el presidente del Congreso Nacional reaccionó señalando que Ochoa permanecerá en su cargo hasta que el Legislativo determine lo contrario, ya que el Congreso tiene la atribución constitucional de aplicar la figura del juicio político a altos funcionarios.

El titular del Legislativo afirmó que, a su criterio, el consejero habría incurrido en abuso de autoridad y violaciones a la Constitución y la ley, además de atentar contra el proceso democrático. Según sus declaraciones, existen fundamentos suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente.

Asimismo, sostuvo que el Congreso actuará conforme a lo que establece la Constitución y que, de proceder el juicio político, este se realizará bajo el marco legal vigente. Insistió en que será el pleno del Legislativo quien tome la decisión final sobre la continuidad del funcionario electoral.

En ese contexto, el presidente del Congreso hizo una recomendación directa a Ochoa, sugiriendo que considere renunciar antes de que el proceso avance. “Si yo fuera Marlon Ochoa, mejor que él renunciara antes que se le aplique un juicio político”, expresó.

El señalamiento surge en medio de un clima político marcado por cuestionamientos sobre la conducción de procesos internos y la organización electoral, temas que han generado debate entre las distintas fuerzas políticas del país.

Por su parte, Ochoa ha reiterado que continuará desempeñando sus funciones conforme al marco legal y que cualquier procedimiento en su contra debe apegarse estrictamente a la normativa establecida para garantizar transparencia y debido proceso.

El escenario deja abierta la posibilidad de que el Congreso avance en la activación formal del juicio político, mientras crece la expectativa sobre cómo se desarrollará el debate legislativo y cuál será el desenlace institucional de esta confrontación.