Ecuador ha decidido endurecer su postura comercial frente a Colombia. El Gobierno de Daniel Noboa comunicó que desde el 1 de marzo elevará al 50% el arancel aplicado a productos colombianos, en una medida que profundiza la tensión bilateral.
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Producción a través de un breve mensaje difundido en la red social X. En la comunicación oficial se argumenta que la decisión responde a “criterios de seguridad nacional”.
Según el pronunciamiento, las autoridades ecuatorianas consideran que Colombia no ha implementado medidas “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza. Bajo esa premisa, Quito sostiene que debe adoptar acciones soberanas para reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe.
Los argumentos esgrimidos son similares a los utilizados semanas atrás cuando se inició la escalada comercial. En aquella ocasión, el Ejecutivo ecuatoriano justificó el aumento arancelario como respuesta a la violencia y al flujo de actividades ilícitas en la frontera común.
El primer incremento, del 30%, fue anunciado el 21 de enero y comenzó a aplicarse el 1 de febrero. Desde entonces, el intercambio comercial entre ambas naciones ha estado marcado por tensiones y gestiones diplomáticas sin resultados concretos.
Apenas un día antes del nuevo anuncio, la canciller Gabriela Sommerfeld había declarado que las relaciones bilaterales no estaban rotas y que existía un diálogo permanente con Bogotá. Señaló que el embajador ecuatoriano mantenía comunicación constante con las autoridades colombianas.
La ministra incluso había adelantado que ofrecería una rueda de prensa para abordar los efectos del arancel del 30%, una medida que ahora queda superada por el nuevo gravamen del 50%.
Por su parte, el Gobierno colombiano solicitó en reiteradas ocasiones la apertura de un canal de diálogo para evitar la profundización del conflicto comercial. El 6 de febrero una misión oficial viajó a Quito con la intención de negociar un desescalamiento, aunque las conversaciones no prosperaron.
La respuesta de Bogotá, anticipada por el presidente Gustavo Petro tras el primer anuncio ecuatoriano, se materializó con la imposición de una tasa recíproca del 30% a 23 partidas arancelarias. Esta medida comenzó a regir el 24 de febrero luego de la firma del decreto correspondiente.
Además del ajuste arancelario, Colombia reaccionó ante la decisión ecuatoriana de incrementar de tres a 30 dólares el cobro por el transporte de cada barril de crudo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
En el plano energético, Bogotá ya había suspendido el suministro de electricidad hacia Ecuador, una acción de alto impacto para un país que atraviesa una crisis energética y que enfrentó apagones a finales de 2024.
Con el nuevo incremento al 50%, el sector industrial ecuatoriano queda a la expectativa de una eventual reacción colombiana. Mientras tanto, la relación comercial entre ambos países continúa marcada por la incertidumbre y una escalada que amenaza con afectar a productores, exportadores y consumidores en ambos lados de la frontera.
