El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades competentes a aprobar el Reglamento de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, subrayando la urgencia de asignar recursos suficientes para garantizar una atención adecuada a las víctimas de este fenómeno.

La institución enfatizó que las personas desplazadas requieren apoyo inmediato en aspectos fundamentales como alimentación, alojamiento temporal y procesos de reubicación segura, además del acceso pleno a los derechos contemplados en la normativa vigente.

Según datos del organismo defensor de derechos humanos, entre 2016 y 2025 se han atendido más de 10,000 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado de personas en Honduras, lo que refleja la magnitud y persistencia de la problemática.

El CONADEH señaló que las principales causas del desplazamiento incluyen amenazas directas, asesinatos de familiares, extorsiones y tentativas de homicidio, situaciones que obligan a muchas familias a abandonar sus hogares para resguardar su vida e integridad.

A estas causas se suman el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por estructuras criminales, así como la violencia doméstica y la violencia sexual, factores que continúan generando condiciones de vulnerabilidad extrema.

La institución advirtió que el desplazamiento forzado no es un fenómeno aislado, sino una realidad que impacta a los 18 departamentos del país, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

No obstante, el mayor número de casos se concentra en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca, donde confluyen altos índices de violencia y presencia de estructuras delictivas.

El organismo defensor recalcó que la aprobación del reglamento permitiría establecer procedimientos claros para la identificación, protección y asistencia de las personas desplazadas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

Asimismo, insistió en que sin una asignación presupuestaria adecuada, la aplicación efectiva de la ley podría verse limitada, afectando la capacidad del Estado para brindar respuestas oportunas y sostenibles.

El CONADEH reiteró que el desplazamiento forzado constituye una grave violación a los derechos humanos, ya que obliga a las personas a abandonar su entorno, medios de vida y redes de apoyo comunitario.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a priorizar políticas públicas integrales que incluyan prevención, atención inmediata y soluciones duraderas para quienes se han visto forzados a huir.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de continuar monitoreando la situación y acompañando a las víctimas, al tiempo que instó al Estado hondureño a fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones dignas para las personas desplazadas internas.