La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical de Argentina, anunció este lunes una huelga general de 24 horas para este jueves, en respuesta al proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. La medida se llevará a cabo sin movilizaciones públicas.

El paro se alinea con la intención del oficialismo de debatir la iniciativa en la Cámara de Diputados de Argentina durante esta semana, aunque podría trasladarse a la siguiente si se extienden las negociaciones entre bloques legislativos.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT, convocada luego de que se conociera que el Gobierno busca aprobar la reforma antes del 1 de marzo, fecha en que inicia el período ordinario del Congreso y cuando el mandatario ofrecerá un discurso a la nación.

Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, explicó en Radio 10 que “están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general”, en un contexto donde el debate del proyecto se desarrolla en sesiones extraordinarias y con urgencia del Ejecutivo para su promulgación.

La huelga contará con el respaldo de los principales gremios del transporte, lo que anticipa una paralización casi total de los servicios públicos durante 24 horas. Entre ellos figuran la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que representan a camioneros, pilotos, personal aeronavegante y marítimo-fluvial.

La decisión de no acompañar el paro con manifestaciones públicas responde a los incidentes de la semana pasada, cuando una protesta convocada por la CGT frente al Congreso derivó en enfrentamientos con la policía, que incluyeron el lanzamiento de bombas molotov y piedras por parte de los manifestantes y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos por parte de los agentes.

El Gobierno, por su parte, mantiene su presión para que la reforma laboral sea debatida y eventualmente votada antes de marzo, mientras los sindicatos advierten que la medida afectará derechos laborales y condiciones de trabajo históricas, lo que intensifica el clima de tensión social en el país.