El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó públicamente a las declaraciones emitidas por el ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, en torno al denominado “modelo Bukele” de combate a la criminalidad. El mandatario salvadoreño aseguró que había evitado intervenir en el debate, pero manifestó que le resultaba “triste” escuchar argumentos en defensa de los derechos humanos de quienes calificó como criminales.
La controversia surgió luego de que Velásquez expresara que la estrategia de seguridad implementada en El Salvador no constituye una “receta replicable” para Honduras. Según el funcionario hondureño, las condiciones territoriales, demográficas e institucionales de ambos países son distintas, lo que impediría aplicar de manera automática el esquema salvadoreño.
En su postura, el titular de Seguridad hondureño sostuvo que el contexto de El Salvador ha permitido reformas profundas en el sistema judicial y en el marco legal, algunas de las cuales han sido cuestionadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos. Estas declaraciones provocaron la inmediata reacción del presidente Bukele.
El mandatario salvadoreño advirtió que, desde su perspectiva, defender garantías procesales de estructuras criminales puede tener consecuencias graves para la población. “Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, expresó en referencia a quienes, según su visión, obstaculizan medidas contundentes contra la delincuencia organizada.
El llamado “modelo Bukele” ha estado marcado por la implementación del régimen de excepción, detenciones masivas y el fortalecimiento del control territorial por parte del Estado. Las autoridades salvadoreñas sostienen que estas acciones han reducido significativamente los índices de homicidios y extorsión en ese país.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre denuncias de detenciones arbitrarias y limitaciones al debido proceso. Este debate ha trascendido fronteras y se ha convertido en punto de discusión en varios países de la región que enfrentan altos niveles de criminalidad.
En Honduras, las autoridades mantienen su propia estrategia de seguridad, enfocada en operativos focalizados y reformas institucionales progresivas. Velásquez reiteró que cada nación debe diseñar políticas ajustadas a su realidad social, jurídica y territorial.
La diferencia de posturas evidencia el contraste entre dos enfoques frente al fenómeno de las pandillas y el crimen organizado en Centroamérica: uno basado en medidas excepcionales y concentración de poder estatal, y otro que busca equilibrar seguridad y garantías constitucionales dentro del marco legal vigente.
